¿Zonas procesadoras crean hueco fiscal?

Desde la creación de las zonas procesadoras para la exportación en 1992, muchas fueron las opiniones encontradas sobre la rentabilidad de este tipo de negocio. Hoy no existen registros acerca del nivel de exportaciones realizadas, menos la exactitud en la cantidad de personas que laboran allí dentro, y los impuestos que se le exoneran en Panamá, se pagan en el país de origen
Actualmente, los inversionistas interesados en crear zonas procesadoras en Panamá provienen de España, Corea y Estados Unidos. En estos países la ley fiscal establece el principio de extraterritorialidad, es decir, que no importa que las inversiones estén fuera de sus fronteras, sus contribuyentes siempre tendrán que pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las utilidades generadas.
Este tema lo ataca el experto en tributación, Carlos Urbina, en su revista Gaceta Oficial que se publicará en los próximos días. El documento advierte que la Renta exonerada a la zona procesadora, será gravada en el país de origen del inversionista.
El tributante recuerda que existen pocos países que no gravan la renta generada en el extranjero por sus residentes. La mayoría de ellos concede un crédito por el impuesto pagado en el extranjero, entre estos los cinco inversionistas más grandes en Panamá. O sea, que si declaran renta en el país de la inversión, se les reconoce al momento de pagarla en su país de origen.
Esto significa que si no existe impuesto pagado en Panamá como es el caso de la Ley 25 de 1992, que creó las zonas procesadoras que concede a los inversionistas la exención del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), no existirá este crédito. Por lo tanto, el gravamen en el extranjero representará la pérdida del beneficio que busca la ley, que consiste en atraer la inversión extranjera.
Indica la publicación, que de esta forma, el fisco panameño sacrifica su ISR, al mismo tiempo que el inversionista extranjero no obtiene ningún beneficio. Al final, el único beneficiado será el fisco extranjero, pues la ley se transforma en una reversa de ayuda de Panamá para el fisco foráneo.
El documento aclara que si se hubiese gravado al inversionista en su renta, el resultado fiscal hubiera sido el mismo para éste, y Panamá no hubiese tenido que sufrir el sacrificio fiscal de la Ley 25.
Luego de esta explicación, la pregunta es ¿qué tan rentable sea renovar la ley de las Zonas Procesadoras para la Exportación, cambiándoles el nombre a Zonas Libre de Comercio?
El próximo mes de marzo, se retoman las discusiones del proyecto de Ley 43 que modifica la Ley que creó las zonas procesadoras para la Exportación y busca postergar los incentivos fiscales de las que éstas gozan, cambiándole el nombre a Zonas Libres de Comercio.
No obstante, a pesar de no haber iniciado el período de discusiones a lo interno de la Asamblea Legislativa, el proyecto tiene un camino vallado por delante.
Hace unos días el Ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, en carta enviada al Ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, solicitó le solicitó no apoyar la nueva ley que introduce cambios a la ley de zonas procesadoras para la exportación. La misiva se sustentaba en que hasta el momento, no se ha definido una postura única de gobierno que garantice los mejores intereses fiscales del Estado. Sin embargo, no es la primera vez que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas advierten sobre el proyecto que retomará discusiones, pronto.
En uno de los intentos anteriores por cambiar la Ley 25 para mantenerle los beneficios fiscales, el representante de la Dirección General de Ingresos, Noel Caballero, hizo una advertencia en su momento, sobre el objetivo de la nueva ley y el sacrificio fiscal que enfrentaría el país.
Algunos conocedores del tema han indicado que lo mejor sería buscar una nueva alternativa y no tropezarse nuevamente con la misma piedra, ya que esto no ha reflejado cuantiosos resultados económicos.
En el país se han otorgado un total de 12 licencias para operar zonas procesadoras, sin embargo solamente seis se encuentran en operación.
Éstas son: PANEXPORT, primera zona procesadora creada que tiene instaladas un total de 19 empresas ; Davis con ocho compañías, Corozal con seis; Albrook, con tres; Schlobhom y Proinexport cada una con dos.
Aunque se conoce la cantidad de empresas operantes en estos recintos, no existe un registro de cuántos empleados han generado. Tampoco se ha establecido cuál es el nivel de exportación desde su creación, hace 12 años.
De acuerdo, con Ofelia Díaz, Directora de Zonas Procesadoras, el problema reside en la falta de personal y presupuesto, pero tal vez este año se pueda contar con algún tipo de registro de volumen de exportación. Además, la Directora confirmó que pesar de no existir ningún instrumento de medida que establezca la rentabilidad de este negocio y los beneficios que le ha generado al país en contratación de mano de obra, la promoción para crear estas zonas se sigue realizando en el ámbito internacional.
Ahora bien, la prontitud con la que quieren que se discuta y apruebe la nueva ley se debe a que en el año 2007, la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece la eliminación de los incentivos para las zonas procesadoras.