Gobierno accede con salida de los presos de Punta Coco

El gobierno de Juan Carlos Varela tuvo que ceder y cerrar temporalmente el centro penitenciario de Punta Coco al trasladar a todos los detenidos que allí estaban a la cárcel La Nueva Joya.

Esa medida surge ante el llamado de atención que diera la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a las autoridades panameñas por considerar que el penal no cumple con las condiciones básicas para funcionar como recinto carcelario.

Por esta razón, durante el fin de semana y hasta el día lunes se procedió con el traslado de los seis detenidos que allí se encontraban, así lo reveló en TVN canal 2, Félix Paz, abogado de uno de los privados de libertad que permanecía en Punta Coco.

Los primeros en ser trasladados fueron José Cosio, Danyelo Ramírez y Carlos Mosquera, mientras que el traslado más reciente fueron los de Jorge Camargo, Nick Ceballos y Sixto Ruiz.

En el acta de compromiso, las autoridades panameñas reconocen que las instalaciones de Punta Coco requerían de acondicionamientos en sus estructuras para ser consideradas un centro carcelario.

Situación que en su momento no reconociera el presidente de la República, Juan Carlos Varela, luego del informe que emitiera la defensora del pueblo, Lilia Herrera, en agosto del año pasado, en el que recomendaba el cierre de Punta Coco por considerar violatorio a las normas internacionales sobre derechos humanos.

"A mí me gustaría que la señora defensora (Lilia Herrera) se tomara el tiempo, así como se lo tomó para ir a Punta Coco, lo hiciera para averiguar qué paso el día sábado en un sector de la capital", dijo Varela al referirse a un hecho ocurrido para esa época, en el que dos mujeres fueron asesinadas dentro de un auto.

Varela había señalado que ese crimen tenía que ver con órdenes que se dan desde las cárceles y que era el motivo por el cual se había abierto el centro penitenciario de Punta Coco.

El presidente Varela también había expresado que Punta Coco era un penal con instalaciones dignas.

Esas expresiones del mandatario no coincidieron con lo establecido por los oficiales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuando recomendaron el traslado de los detenidos de Punta Coco a inicios de este año.

Además, contradice lo que acordaran los funcionarios de la Cancillería al firmar el acta de compromiso, la cual lleva la firma de Farah Diva Urrutia, jefa de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la nota, la funcionaria y otros trabajadores de la Cancillería encargados del tema de los derechos humanos coinciden en que Punta Coco para que pueda funcionar como cárcel debe introducir reformas a las instalaciones físicas como, por ejemplo, mayor ventilación en las celdas, un recinto especial para recibir visitas de familiares y abogados.

Además del aumento de las horas de patio y mejorar los servicios médicos con la llegada periódica de médicos y psiquiatras para atender a los internos. Las dificultades que tienen los familiares para realizar las visitas a la isla donde está Punta Coco son el principal cuestionamiento.