Aprehenden a cuatro personas por tala ilegal en áreas protegidas

La Dirección Nacional de Policía Ecológica, (DNPE) de la Policía Nacional sigue trabajando fuerte para evitar la tala de árboles y cazadores furtivos.

Ayer registraron un incidente mientras unidades de esta dirección policial se mantenían en patrullaje en el área protegida de los Polígonos de Tiro en Arraiján, en el sector conocido como La Cantera con cuatro ciudadanos que estaban talando árboles.

Según una fuente policial, fueron cuatro los detenidos en este caso por mantener actividad de tala ilegal. Además que tenían en su poder 86 piezas de madera procesada, la cual se presume es Cocobolo y Quira, actividad que es penada por las leyes panameñas.

Durante el hallazgo de los delincuentes, las autoridades de la Policía Ecológica también encontró una motosierra, la cual se presume fue utilizada para talar los árboles. Los cuatro aprehendidos quedaron a órdenes de la Fiscalía de Ambiente de Arraiján en donde se les imputaron cargos por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial en la modalidad de tala ilegal.

Este operativo se realizó en conjunto con los guarda parques del Ministerio de Ambiente regional de Arraiján.

Según cifras de la DNPE, hasta agosto de este año se habían han aprehendido a 17 personas, tras cometer actos ilícitos contra del ambiente (cacería y la tala de árboles), se han recuperaron 178 piezas de madera producto de la tala indiscriminada y rescataron 14 especies de animales como perezosos, gavilán, pelicanos, ardilla, entre otros.

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Esta Dirección Nacional de Policía Ecológica se crea en 1979 bajo el nombre de Policía de Protección al Medioambiente de la Guardía Nacional; para 1983 con el cambio de la Ley 20 con as Fuerzas de Defensa de Panamá, se le cambia el nombre y quedan como la Guardia Forestal.

Según antecedentes, esta subdivisión de la Policía Nacional es la encargada de velar por la seguridad en las áreas protegidas del país y la idea nace tras la firma de los Tratados Torijos-Carter en 1977, ya que una de las cláusulas comprometía al Gobierno panameño a proteger la cuenca hidrográfica del Canal del Panamá.