Perredistas guardan silencio ante cautelación de bienes a 'Gaby' Carrizo

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo, al parecer, no cuenta con la simpatía de los propios miembros de su partido; hasta el momento, ninguno se ha pronunciado sobre la medida emitida por Contraloría. El exfuncionario ha sido el único que ha salido en su defensa, afirmando que hará lo necesario para demostrar su inocencia.

La ingeniera Balbina Herrera, candidata a la secretaría general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), recientemente se negó a hablar del tema, señalando que no contestaría preguntas relacionadas con Carrizo.

"No, no, yo no voy a contestar eso, de Gaby no, ya él dio su comunicado", subrayó.

Sin embargo, Herrera fue una de las que, en su momento, respaldó la precandidatura de Carrizo porque consideraba que era una figura que podía "aglutinar" a la mayor cantidad de personas de cara a las elecciones de 2024.

Incluso después de la derrota, reiteró su apoyo a las bases para reformar el partido, indicando que la pérdida no era responsabilidad solo de Carrizo, que quedó en sexto lugar, sino de todo el colectivo, pero todo parece indicar que la situación entre ambos ha cambiado porque no salió en su defensa como ha hecho con otros compañeros.

La perredista ha abogado en múltiples ocasiones por Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), a quien también se le acusa de supuesto enriquecimiento ilícito.

Cabe destacar que ningún otro miembro del partido o allegado de Carrizo se ha pronunciado al respecto, por lo que se puede entender que no quieren verse involucrados en el caso.

Se conoció que tanto el exvicepresidente como el exmandatario Laurentino Cortizo estarían agilizando su juramentación al Parlamento Centroamericano (Parlacen) con el objetivo de que sea la Corte Suprema de Justicia quien investigue las irregularidades durante su mandato.

La Contraloría reveló que encontró múltiples irregularidades en la gestión de Carrizo que aún no han sido sustentadas; por ello, se emitió una orden de cautelación en su contra por el orden de $1,313,818.33.

Esta es la segunda medida precautoria que declara la entidad para salvaguardar los fondos públicos; la primera fue contra el también perredista Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde del distrito de San Miguelito, por $285,845.82.