
El real no estaba sucio
Silvio Guerra Morales| Abogado
Para Mulino el Ministerio tiene la responsabilidad de investigar, de acuerdo con el marco constitucional y legal.
El Ministerio Público investiga a un grupo de funcionarios, que habría cometido supuestas irregularidades.
Ambos proyectos buscan combatir la corrupción donde se realicen ajustes de aspectos sustantivos y procesales dentro del ordenamiento jurídicos.
La reciente detención e imputación de Bernardo Meneses ha revivido la sed de justicia.
Recientemente, el país salió del listado de blanqueo de capitales de la Unión Europea.
Ambos fueron objeto de un embargo, a inicios de este 2025, como parte del proceso hipotecario promovido por Multibank, Inc. contra Casacampo Investment Corp.
El estudio forma parte de un programa para mejorar la administración tributaria financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con los elementos de convicción presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el hoy detenido contribuía en la venta de las vigas a las recicladoras.
Esta investigación se originó por una querella presentada por el abogado Alejandro Pérez en representación de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.
Hasta la fecha su gobierno ha presentado ante el Ministerio Público 278 denuncias de diferentes tipos con pruebas y documentación.
Dinasepi es la instancia encargada de los visados de proyectos, que incluye la aprobación de anteproyectos, planos, permisos de construcción y ocupación.
Escándalos de María Eugenia López desmerecen a la CSJ.
El diputado cuestionó a los gremios que mantienen a los empresarios coimeros dentro de sus filas.
Cabe destacar que la investigación inicio luego de que la diputada independiente, Walkiria Chandler, presentara una denuncia por presunta corrupción.
La universidad chiricana está siendo investigada por supuestos casos de nepotismo.
Planells, alta ejecutiva de La Prensa, recibió el premio de la mano del entonces secretario de Estado, Antony Blinken, en una ceremonia realizada en 2023.
El puntaje de 33 /100, siendo 0 siendo lo menos transparente y 100, lo más transparente, coloca a Panamá en una situación muy precaria.
Esta orden judicial responde a una deuda acumulada, que alcanza hasta $9.7 millones por parte de los exfuncionarios.
El procurador indicó que tiene conocimiento que existieron carpetas que en su momento se investigaron.