Procurador presenta ante la Asamblea proyectos de ley para fortalecer lucha anticorrupción

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional dos iniciativas dirigidas a la aprobación de una Ley General Anticorrupción mediante reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal.

De acuerdo con Gómez, ambos proyectos buscan combatir el flagelo de la corrupción desde un enfoque en donde se realicen ajustes de aspectos sustantivos y procesales dentro del ordenamiento jurídico.

Gómez detalló que actualmente, la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación mantiene 3,840 causas activas concernientes a delitos que afectan directamente los intereses del Estado, principalmente en las modalidades de delitos contra la Administración Pública.

Además, se incluyen dentro de esta cantidad de procesos activos, delitos contra el orden económico, como la retención indebida de cuotas obreros patronales, blanqueo de capitales dimanantes de actos corruptos, así como delitos patrimoniales.

El procurador sostuvo que estas propuestas respaldan los compromisos internacionales que Panamá ha adquirido y debe acatar, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

En ese sentido, el Proyecto de Ley General Anticorrupción, que modifica normas del Código Procesal y que dicta otras disposiciones, propone un marco jurídico moderno, integral y especializado.

Subrayó que con esta iniciativa, se busca incorporar técnicas especiales de investigación cuya eficacia ya ha sido demostrada en el combate de otros delitos de naturaleza de crimen organizado y regula la colaboración eficaz y los acuerdos de penas para personas jurídicas.

También, refuerza mecanismos importantes para la identificación, recuperación y restitución de los activos públicos. 

Por su parte, el proyecto de ley relativo a reformas a normas del Código Penal, específicamente en delitos contra la Administración Pública, busca incrementar penas aplicables a delitos que durante años han mantenido sanciones excesivamente bajas, lo que ha permitido enfrentar prescripciones de la acción penal o imponer condenas irrisorias frente a actos graves que han atentado contra los intereses y patrimonios estatales y con ello se desvirtúa la certeza del castigo.

El funcionario explicó que con estas propuestas buscan adecuar una legislación penal panameña que vaya acorde a los estándares internacionales y las exigencias que  tiene el país para poder combatir la corrupción, fortaleciendo la respuesta del Estado ante conductas que afectan la legitimidad institucional, justicia social y el desarrollo económico del país.