Aprehenden a dos ciudadanos en Betania con más de 57 mil dólares en efectivo dentro de un vehículo
La aprehensión de las dos personas se dio mediante labores de investigación que efectuó la DIJ junto con personal del Ministerio Público.
De acuerdo con información de la Policía Nacional, esta alta suma de dinero en efectivo es de dudosa procedencia. Foto cortesía Policía Nacional
Unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) aprehendieron este jueves a dos ciudadanos en el corregimiento de Betania, en la ciudad de Panamá, los cuales mantenían en su poder 57,100 dólares en efectivo dentro del vehículo en el que se transportaban.
De acuerdo con información de la Policía Nacional, esta alta suma de dinero en efectivo es de dudosa procedencia.
La aprehensión de las dos personas se dio mediante labores de investigación que efectuó la DIJ junto con personal del Ministerio Público.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para su debida investigación, con tal de esclarecer la procedencia de los 57,100 dólares.
Por otro lado, en los corregimientos de Calidonia y Curundú, el Ministerio Público realizó distintas diligencias de allanamiento como parte de la operación “Desalojo”, como parte de una Investigación que se lleva a cabo por la comisión del delito Contra la Libertad, en su modalidad de extorsión.
Durante la operación “Desalojo” fueron aprehendidas ocho personas indiciadas que serán puestas a órdenes de jun Juez de garantías en el tiempo establecido por la Ley.
El fiscal superior Emeldo Márquez, de la Fiscalía Primera Especializada Contra La Delincuencia Organizada, explicó que el modus operandi de estos ciudadanos es intimidar y amenazar a los inquilinos de apartamentos ubicados en varios puntos de Curundú y Calidonia, apropiándose de estos para ponerlos en manos de otras personas y así lucrar con los mismos.
Aseveró que continuarán realizando diligencias para dar con todos los responsables de estos hechos ilícitos para ser presentados ante el Juzgado de Garantías y solicitar la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.
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Este delito, que es considerado grave porque las amenazas se dan mediante intimidación y la utilización de armas de fuego, tiene una pena de 5 a 10 años de prisión.
En esta diligencia, además del Ministerio Público, participó la Policía Nacional por medio de la DIJ, Unidad de Control de Multitudes, Grupo Alfa y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, entre otros.