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"Caso pinchazos empezó a morir en su cuna", Ricardo Martinelli tras el revés de la fiscalía

El miércoles el juez Roberto Tejeira, presidente del Tribunal de Juicio, impidió que el Ministerio Público introdujera los siete cuadernillos que contienen información confidencial del caso de los pinchazos telefónicos.

José Chacón - Actualizado:

"El caso pinchazos empezó a morir", dice en tuiter el expresidente Ricardo Martinelli. Foto: Panamá América.

"El caso pinchazos empezó a morir en su cuna", la frase lapidaria fue proferida por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, actor principal del juicio más importante de la historia judicial panameña en los últimos tiempos. Hasta ahora.

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Como de costumbre, el exmandatario se expresó en Twitter. Su regocigo mañanero germinó a raíz de lo ocurrido el miércoles cuando se llevó a cabo el testimonio de Luis Enrique Rivera Calle, jefe de Informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

"Ayer el caso de pinchazos empezó a morir en su cuna. Pruebas alteradas, falsas. El fiscal desbarató a su propio testigo de la frustración. Todo es persecución", comentó Ricardo Martinelli.

 

 

La jornada anterior, el juez Roberto Tejeira, presidente del Tribunal de Juicio, impidió que el Ministerio Público, representado por el fiscal Ricaurte González, introdujera los siete cuadernillos que contienen información confidencial del correo electrónico brad.pty507@gmail.com.

De ese buzón electrónico, supuestamente se sustrajeron todas las pruebas de las presuntas interceptaciones de comunicaciones a 150 víctimas que se llevaron a cabo durante la gestión presidencial de Ricardo Martinelli (2009-2014).

El rechazo para la admisión de las carpetillas ue fueron blindadas por Jerónimo Mejía (cuando el caso estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia), se debió a que el juez Roberto Tejeira consideró que se trataba de "pruebas trasladadas".

Roberto Tejeira estimó que los datos que fueron transcritos a esos siete cuadernillos no podrán ser tomados en cuenta a pesar de que, antes que el proceso pasara a la justicia ordinaria, el poder supremo dejó claro que se validaba todo lo actuado en la fase intermedia del juicio.

En el proceso también se introdujo como prueba, por parte de la fiscalía, dos laptops, un disco duro y tres discos compactos, pero al momento de verificarlos y mostrárselos al perito del Imelcf, Luis Enrique Rivera Calle, este dijo que uno de los discos duro tenía un sello de custodia roto, no se sabe si eso suscedió porque fue alterado, por el paso del tiempo o el deterioro del mismo.

El testigo de la fiscalía agregó que no recordaba en detalle cada una de las once diligencias en la que estuvo presente cuando se extrajo toda la información del correo antes mencionado.

Otra de las presuntas anomalías detectadas es que el Ministerio Público sacó copias de 100 páginas del expediente para que el perito del Imelcf recordara y pudiera contestar las preguntas que le hacía el  Tribunal de Juicio, según declaró el abogado Roniel Ortiz.

"Se sacó una copia ilícita de un documento que nunca se le pidió autorización a la Corte Suprema de Justicia", manifestó uno de los defensores del exgobernante Ricardo Martinelli. Roniel Ortiz aseguró que a la defensa nunca se le permitió tener copias y que por ello, tuvieron que verificar los documentos en las ofincinas de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, en el edificio Avesa.

Para el constitucionalista Ernesto Cedeño "el juez está jugando su papel de acuerdo al debido proceso... en valoración de pruebas hay algunas partes que le gustará la decisión de un juez y a otros que no".

El jurista añadió que el Tribunal de Juicio tomó una decisión unánime, es decir que los tres jueces estuvieron de acuerdo en no aceptar las copias de los cuadernillos.

Por último, manifestó que "no se puede crucificar a los jueces cuando los decisiones son adversas a uno y santificarlos cuando nos favorecen. El juez siempre va ser querido u odiado, pero siempre que sustente sus fallos en derecho, no tenemos que dudar de estos".

Ante ese revés juridico el fiscal Ricaurte González anunció que presentará un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia para que el pleno resuelva el recurso legal.

Si el pleno admite el recurso el juicio oral será suspedido hasta que el mismo sea determinado por los togados.

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