Contraloría y Ministerio Público chocan por Techos de Esperanzas

En 2016, el expresidente Juan Carlos Varela anunció que su gobierno estaba invirtiendo mil millones de dólares en el programa Techos de Esperanza, poniendo al frente como ejecutor del proyecto al entonces ministro de Vivienda, Mario Etchelecu.

Solo pasó un año para que en la misma administración, el Ministerio Público (MP) abriera una investigación por supuestos malos manejos en el programa insignia del exmandatario, pero nunca pasó nada porque Kenia Porcell estaba para garantizar una especie de protección contra los allegados a Varela.

En septiembre de 2019, la nueva ministra de Vivienda y Desarrollo Territorial, Inés Samudio, ya en la gestión de Laurentino Cortizo, volvió a revivir las denuncias de irregularidades contra el programa de Techos de Esperanzas.

"Compra excesiva de materiales y compras de equipos de seguridad sin ningún control", son algunas de las irregularidades en los programas Techos de Esperanza y Sanidad Básica, impulsados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en el gobierno pasado, que denunció Samudio ante el Ministerio Público.

Incluso, la ministra señaló la entrega de anticipos del 20% "sin explicación", y otras irregularidades, todas a pocos meses de culminar el Gobierno del expresidente Varela.

"El desorden que dejaron en todos los proyectos no tiene nombre", manifestó la ministra Inés Samudio, en su momento, cuando interpuso las cuatro denuncias por este tema.

Ahora que el Ministerio Público cambió de cabeza con Eduardo Ulloa al frente, la institución se manifestó sobre el caso Techos de Esperanza indicando que están a la espera del informe de la Contraloría General de la República, a cargo de Gerardo Solís.'

1,000

millones de dólares indicó Varela en su momento que era la inversión por este tema.

20%

de anticipo, sin explicación, fue entregado a proveedores a finales del Gobierno.

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Sin embargo, la Contraloría respondió a este medio un cuestionario donde afirma haber entregado ese informe de auditoría desde el año 2017.

"Desde el año 2017, la contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un informe consensuado sobre la solicitud de auditoría para determinar si hubo o no una lesión patrimonial en el programa Techos de Esperanza del ministerio de Vivienda", dijo textualmente la contraloría.

Precisó que la auditoría elaborada por la DIAF al Programa Techos de Esperanza atendió el Oficio PGN-SS-SPA-0030-16 de 18 de enero de 2016, de la Procuraduría General de la Nación y se enfocó en obtener y analizar la información relacionada al proceso de contrataciones públicas y compras realizadas en el Miviot y en la Dirección de Asistencia Social (antes llamada PAN) en el periodo comprendido del 1 de julio del año 2014 al 21 de enero del año 2016.

La contraloría sostuvo que los resultados se remitieron en mayo de 2017 a la instancia solicitante por lo que, en caso de mayor información, corresponderá al Ministerio Público atender cualquier solicitud de copia de la resolución emitida en su momento.

"En términos generales es importante hacer de conocimiento público que, respetando el debido proceso, la Contraloría General de la República no puede adelantar o revelar resultados de las investigaciones que se realizan mientras estén en marcha".

Igualmente, los tiempos de ejecución dependerán de los niveles de complejidad que presente cada caso en particular", advirtió la contraloría.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que quizás el informe al que alude la contraloría se refiere a la supuesta compra de maquinaria pesada a la empresa Airco, propiedad del empresario Pedro Vallarino, la cual el contralor Federico Humbert se negó a refrendar en su momento.

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Incluso, podría incluir la compra de más de 20 millones de dólares en formaletas para Techos de Esperanzas que hizo Etchelecu a la empresa Royal, que estaría ligada al empresario Tony NG, hoy detenido por un supuesto caso de lavado de dinero.

"Quizás la auditoría que necesita ahora el Ministerio Público seria de un informe de todo el periodo de Varela, donde muchas casas no fueron construidas y se perdió gran cantidad de materiales. En otros casos las empresas incumplieron con sus contratos que carecían del refrendo de contraloría como denunció la ministra Samudio", dijo una fuente vinculada al proceso legal de Techos de Esperanzas que adelantan las autoridades.

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