Panamá
Vallarino indicó que en el caso del joven Miguel Almanza, gracias a Dios se dieron otras capturas y se le pudo decretar su libertad.
Productos de estos informes sin confirmar, el joven Miguel Almanza paso más de un mes detenido. Diomedes Sánchez/Colón
El presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), Alfredo Vallarino, cuestionó la forma en que el Ministerio Público (MP) ha venido armando algunos casos en los últimos años, utilizando informes y testigos protegidos falsos, así como delaciones compradas o amañadas.
Esto, según Vallarino, con la finalidad de vincularlos a algunos procesos.
El jurista explicó que si los diputados, abogados, empresarios y políticos no entienden que no se le puede permitir al Ministerio Público armar casos con pruebas falsas, les tocará empezar a pagar las consecuencias por esto.
"La pregunta que hay que hacerse es que si queremos tener un país en donde un miembro de la Policía Nacional o del Consejo de Seguridad pueda elaborar un informe en los que dicen que la información se la dio una fuente de entero crédito, humana o de inteligencia y que si con solo eso se le pueda detener a una persona. Los jueces y magistrados tiene que entender su responsabilidad a la hora de aceptar estos informes", explicó.
Vallarino usó como referencia el caso del asesinato de los siete jóvenes ocurrido en el Bunker de Colón, un tema que consideró "espantoso", sobre todo por el hecho de haber agarrado a Miguel Almanza mediáticamente y haberlo culpado de ese crimen.
"Ese muchacho gracias a la suspicacia de los abogados que participamos en este proceso, el mismo pudo salvarse de una pena de 50 años de cárcel", dijo.
Agregó que dentro de ese caso había informes que claramente no podían responder a una realidad.'
50
años de prisión se le impuso de pena a uno de los involucrados en la masacre del Bunker.
En este caso, un primer informe fue redactado por un cabo a su capitán, que decía que él había recibido información de una persona, que no brindaba sus generales por temor a represalias, en el mismo se detalló la dirección, las generales de una persona con nombre y apellido e incluso su número de cédula.
Con esta información, esa persona logró hacer un mapa con GPS y determinar dónde estaba la casa.
"Cuando uno ve esto cómo abogado, a uno se le paran los pelos porque uno sabe que esto tiene temas de irregularidad, pero ampliamente y por eso cuando yo entré a ese caso como acusador, sabía que ese informe tenía rasgos de ser falso, por lo que hablé con la mamá de una de las víctimas y le dije que yo la representaba, pero si me permitía en audiencia pedir que lo soltarán y así se hizo" explicó el penalista.
Puntualizó que hubo un segundo informe ese mismo día, hecho por otro policía y con las mismas características, solo que se cambió la dirección.
Vallarino señaló que al hacer una comparación de los dos informes, los mismos coinciden, palabra por palabra, en casi todas sus líneas, algo imposible si los mismos fueron redactados por personas distintas.
Estos dos policías fueron llevados a este juicio y al ser interrogados los dos tuvieron que confesar que no habían corroborado dicha información, a pesar de esto decidieron enviarla a las autoridades y por eso el joven Almanza estuvo cerca de un mes detenido.
Reiteró el abogado que gracias a Dios, días después se pudo dar con la detención de dos personas, una de las cuales habló y confesó, con lo que se pudo sacar esa información.
De forma clara, Vallarino manifestó que a estos dos funcionarios que hicieron estos informes se les debe abrir un proceso disciplinario en la Policía.
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El presidente de la APAP también cuestionó la forma en que miembros de la policía han determinado a quien se le otorga la calidad de testigo protegido.
El jurista añadió que la ley no le permite a ningún miembro de la policía determinar quién va a tener la condición de testigo protegido o no, "es decir no le permite ocultar el rostro de la persona, esa es una decisión que la tiene que tomar o el fiscal o el juez".
Enfatizó que ningún policía puede hacer un informe y ocultar quién fue la persona que le dio la información, ya que la misma no tendría ningún tipo de valor, porque no hay quien responda por lo que allí se ha plasmado y saber si dijo la verdad o mintió.
Por su parte, Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), señaló que ante la denuncia de la supuesta preparación de informes falsos, que son confeccionados sin ningún tipo de respaldo de veracidad y que detallan situaciones para armar un caso contra una determinada persona, representa un retroceso para la justicia panameña.
"Nunca podré aplaudir ni apoyar actos dolosos, en perjuicio de una persona o personas que pudiera desencadenar en un delito de simulación de hechos punibles", expresó.
Agregó que quien lleva adelante las investigaciones debe hacerlo de manera clara y transparente evitando vicios en las mismas.
Concluyó que quienes realizaron estos actos distorsionados se exponen a que se les inicie un proceso en su contra de carácter disciplinario y penal.
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