Desastre financiero que dejó Juan Carlos Varela provocará millonarias demandas

El Estado panameño afrontaría demandas millonarias tras la supuesta injerencia de gestión del expresidente Juan Carlos Varela en el sistema financiero local, afectando a varios inversionistas y clientes bancarios.

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Entre los casos está la debacle que sufrió el sistema financiero con las inexplicables improvisaciones del Gobierno pasado con los nombramientos de Ricardo Fernández y Melissa Quintero como superintendentes.

Lo que es calificado por los afectados como "una crónica de un desastre anunciado".

Durante la administración Juan Carlos Varela se dieron ataques sin fundamento a instituciones, otrora sólidas y de tradición, como Balboa Bank, lo que hoy puede costarle más de 80 millones de dólares en demandas al Estado.

También se dieron las intervenciones sin ningún sustento legal, como la que se le aplicó a AllBank.

Adicional a esto, la gestión Varela incurrió en supuesto nepotismo financiero, nombrando a familiares como interventores de instituciones financieras, lo que poco a poco acabó con la estabilidad que tenía el sistema financiero, lo que trajo, además, la reducción de empleos y contribuyó a ahuyentar la inversión extranjera.

Organización inventada

En 2016 la Superintendencia avalada por Juan Carlos Varela tomó control del Balboa Bank, supuestamente para salvaguardar a los ahorristas de la supuesta inoperatividad del banco al haber ingresado a la lista Clinton.

Pero al final, en lugar de proteger a los ahorristas en un movimiento aún inexplicable, la Superintendencia decidió "reorganizar" el banco, lo que en menos de un año redujo su valor en menos de 100 millones de dólares.

Después de esto lo vende a una Corporación Financiera de Costa Rica, generando un daño patrimonial a los accionistas y un daño irremediable a los ahorristas e inversionistas, quienes nunca pudieron cobrar su dinero.

Los afectados cuestionan que si la intervención no tuvo sus causas en falta de liquidez o insuficiencia financiera, cómo es posible que un año después el valor del banco es de $100 millones menos, y los ahorristas no hayan podido nunca obtener sus inversiones.

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Los ahorristas hoy día se preguntan dónde está su dinero y qué pasó con el Balboa Bank. Todas estas interrogantes tendrían que dirimirse próximamente en la esfera legal.

Un tribunal ya aceptó una demanda contra la Superintendencia de Bancos y que podría costarle a los contribuyentes del Estado panameño casi $80 millones por daños y perjuicios, tras la decisión tomada bajo la gestión de Ricardo Fernández.

Otra 'reorganización'

La Superintendencia de Bancos de Panamá, bajo la dirección de las figuras que ubicó allí Juan Carlos Varela, supuestamente, se aventuró a ordenar, sin ningún tipo de argumentos, la intervención AllBank por 60 días.

Durante ese tiempo AllBank cerró sus puertas al público, no dio respuesta a los ahorristas y tampoco rindió explicaciones a los accionistas. Esta forma de actuar y el silencio fueron injustificables, porque AllBank no tenía problemas de pago ni sus depositantes estaban en riesgo alguno.

Las razones para su intervención derivan de una acción ilegal que ejecuta otra jurisdicción contra otro banco, que la única conexión que tiene con AllBank es que forma parte del mismo grupo financiero.

Los afectados le cuestionan a Fernández, si cuando laboraba en el Citibank se hubiera atrevido a ordenar una reorganización de este banco en Panamá, por situaciones que se hubieran presentado con bancos pertenecientes al grupo, pero en otras jurisdicciones.

Los depositantes del AllBank tienen casi 60 días sin poder acceder a su dinero.

Los cuentahabientes temen que con los antecedentes de las decisiones tomadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá se lleve a acabo una "reorganización", como las ya ordenadas por Fernández.

Otra reorganización que terminaría en otra demanda de millones de dólares, por daños y perjuicios, consecuencia que no afecta a dicho funcionario, pues según el modelo de responsabilidad vigente (tema que debería revisarse en las reformas constitucionales), quienes terminarán pagando las malas decisiones es el Estado panameño.

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Nepotismo financiero

El plan de "reorganización" llevado a cabo por Ricardo Fernández incluyó, sin razón alguna, a una casa de valores (Plus Capital Markets) por supuestamente estar vinculada al banco.

En este caso, Plus Capital Markets fue intervenida por la Superintendencia del Mercado de Valores bajo dos premisas que resultaron ser falsas.

La primera, que el 80% de los valores se encontraban custodiados en el BONV.

La segunda, que más del 50% del efectivo se encontraba en AllBank.

A través de información suministrada por los propios empleados de la institución, eso nunca fue así.

Por ello, la interventora no ha presentado ninguna prueba al respecto.

De esta misma forma han procedido con AllBank, con un proceso a puertas cerradas, y a espaldas de inversionistas y accionistas.

La interventora Judith Varela, quien ha gastado más de 300 mil dólares solo en 45 días de gestión. Suma injustificable porque se trata de una Casa de Valores modesta, que probablemente funcionaría por unos seis meses con esa cantidad de dinero.

Adicionalmente, Judith Varela, supuestamente, presiona a los trabajadores y quienes no ejecutan su voluntad son enviados de vacaciones o los acusa de estar en la planilla del accionista del Plus Capital Markets, tal como manifestó a las autoridades regulatorias de otro país que no accedieron a su trato.

Pese a las conductas individualistas y desafortunadas de estos funcionarios, los afectados aseguran que el sistema financiero panameño es pilar fundamental de la economía de todos los panameños, de modo que garantizar su estabilidad es vital para el buen desenvolvimiento de todos los sectores.

Recuerdan que de aquí se generan más de 20 mil empleos y los activos derivan en más del 50% de inversiones extranjeras.

Los ahorristas califican como lamentable que acciones emprendidas desde el Estado contra el Balboa, AllBank y Plus Capital Markets y que esto socave las bases y la credibilidad del sistema, ahuyenten la inversión extranjera.

Los afectados en estas acciones tomadas bajo la gestión de Juan Carlos Varela aseguran que es obligación del Estado investigar a fondo esto, indemnizar a los ahorristas e inversionistas que se hayan visto afectados, así como enjuiciar y arrestar a los responsables.

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