Panamá
Se indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe garantizar los derechos del ciudadano panameño Mauricio Cort y García, detenido en forma arbitraria por más de 33 meses.
Érika Mouynés, ministra de Relaciones Exteriores. Archivo.
Basilio González, abogado de Mauricio Cort y García manifestó que el Estado panameño está en mora con su defendido, tras no acatar la decisión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre las detenciones arbitraria, que declaró ilegal su privación de libertad y ordenó su inmediata liberación.
El Estado panameño no le ha dado el trato que se merece a la decisión tomada por la ONU y se arriesga a una demanda millonaria por daños y perjuicio, que al final será pagada por todos los panameños, advierte el abogado.
Sostiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe garantizar los derechos del ciudadano panameño Mauricio Cort y García, detenido en forma arbitraria por más de 33 meses.
González, en entrevista con el medio digital La Verdad Panamá,aseguró haber enviado una solicitud a Érika Mouynés, ministra de Relaciones Exteriores, el pasado 9 de febrero, en la que establece la obligatoriedad del Estado panameño, de acatar –sin dilación- la resolución del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Es una resolución vinculante, de estricto cumplimiento, enmarcada en la legalidad jurídica y el derecho internacional.
El defensor exigió a Mouynés garantizar el derecho que le asiste a Cort y García, un abogado panameño de 51 años, y se proceda al cumplimiento de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
Hasta la fecha, ni Mouynés ni la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores han dado respuesta a la demanda de los abogados de Cort y García, quien se encuentra detenido en forma arbitraria desde hace 33 meses en el Centro de Rehabilitación El Renacer.
En una resolución de 85 artículos, el Grupo de Trabajo pide al gobierno de Panamá que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Cort sin dilación, con medidas conforme a las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por Panamá.
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El Grupo de Trabajo consideró que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Cort y García inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.
Además, instó al gobierno nacional a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Cort y García y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
La Fiscalía Especial Anticorrupción ordenó el 21 de junio y 22 de agosto de 2019, detención preventiva contra el abogado, en circunstancias en las que, de acuerdo al Grupo de Trabajo, la detención arbitraria se produjo sin invocar fundamento jurídico alguno para justificarla.
Tampoco se observaron las normas internacionales relativas al derecho de un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por el Estado panameño.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU demandó al gobierno panameño la adopción de “las medidas necesarias para remediar la situación” de Cort “sin dilación” y “ponerlo en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
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También pide que Cort sea puesto “inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el Derecho Internacional”.
Igualmente, le pidió al gobierno nacional “llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad” de Cort “y adopté las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.
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