Exigen castigo por repartición de 'auxilios económicos' entre altos funcionarios

El anuncio de la Fiscalía de Panamá de la apertura de causas penales contra una veintena de beneficiarios de becas estatales entregadas de forma discrecional a amigos del poder ha reavivado la exigencia de que haya una certeza del castigo, hasta ahora esquivo, en los casos de corrupción que han golpeado con fuerza a este país en los últimos años.

El caso de los llamados "auxilios económicos", unas becas no reembolsables que otorga el estatal Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), estalló a inicios de 2024 e indignó a buena parte del país por involucrar fondos estudiantiles destinados a personas sin recursos que terminaron en manos de hijos y otros familiares de altos funcionarios, empresarios y demás amigos del poder.

No se sabe con certeza la cifra total del desgreño administrativo en el Ifarhu, señalado desde hace años como un ente muy opaco en el manejo de sus recursos, pero solo durante el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), epicentro del escándalo, se entregaron 260,5 millones de dólares a través de 9,237 "auxilios económicos", según datos de la prensa local.

Tres causas y una treintena de investigados

La fiscal anticorrupción, Azucena Aizpúrua, explicó que se han abierto tres causas por el delito de peculado (hurto de caudales públicos), divididas de acuerdo a los períodos de investigación: la primera de ellas del 2019 al 2020; la segunda del 2021 al 2022 y la última del 2023 al 2024.

La fiscalía va a imputar entre este jueves y viernes los delitos de peculado por extensión (ya que el acusado no era funcionario) y cohecho (ofrecimiento, promesa o la entrega de beneficios a un funcionario) a 18 beneficiarios de "auxilios económicos" otorgados entre 2020 y 2021.

Ya otros cinco beneficiarios fueron imputados por esta misma causa - aparentemente inédita por involucrar a beneficiarios del Ifarhu - que establece una lesión al erario de 24 millones de dólares, según Aizpúrua.

También hay tres exfuncionarios del Ifarhu imputados por peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales: Bernardo Meneses, un político del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que dirigió la institución entre 2019 y 2023 y cumple prisión preventiva; Héctar Zambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas, ambos con medida de presentación periódica ante un tribunal.

Las auditorías "revelan malos manejos en el programa de auxilios económicos y becas, con un perjuicio patrimonial mediante un esquema de 'cashback', donde receptores (de los fondos) reembolsaban dinero a cuentas del exdirector de la entidad (Meneses)", indicó la Fiscalía.

La fiscal Aizpúrua señaló que un informe de auditoría revela que Meneses "no ha podido justificar 419,000 dólares" en ingresos, lo que sustenta la acusación de enriquecimiento injustificado, el delito que lo mantiene en prisión preventiva desde julio pasado.

Esperanza y certeza de castigo

"Para la ciudadanía panameña, que hoy identifica la corrupción como uno de los problemas más importantes del país, generan esperanza las acciones del Ministerio Público contra quienes abusaron los fondos públicos con el indignante esquema clientelar de los auxilios económicos", dijo a EFE la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), Olga de Obaldía.

Pero también recalcó que "esa esperanza ha sido defraudada anteriormente con una justicia que no llega y que termina en impunidad de distintas formas".

Por ello, asevera De Obaldía, "es necesario" que además de esta veintena de casos, "se abran investigaciones contra todos los involucrados que hayan sido parte de este atraco, tanto en el rol del que recibió los auxilios como todos los funcionarios que fueron parte del entramado".

"Y muy importante: que se devuelva todo lo robado y que haya multas y castigos ejemplares", dijo la activista, que agregó que como "prevención futura a la corrupción" debe quedar claro "que la transparencia en la entrega de todos los recursos del Ifarhu no es negociable", porque "fue la opacidad la que permitió este esquema criminal".