Funcionarios de la administración de Juan Carlos Varela deben ser investigados por supuesta lesión patrimonial millonaria

Funcionarios del Gobierno de Juan Carlos Varela también deben ser investigados, tras la supuesta lesión patrimonial de más de 2 millones de dólares en el programa denominado Sanidad Básica 100% agua y 0 letrinas, manifestó el abogado penalista Silvio Guerra.

  El letrado cuestionó la forma en que fue manejado este proyecto por parte de funcionarios del Gobierno pasado, el cual tenía la intención de cambiarle la calidad de vida a los panameños más necesitados, sobre todo en el interior del país, en provincias como Herrera, Los Santos y Veraguas, etc.

Calificó como un "descalabro" el hecho de que estas empresas contratadas cobraban estos adelantos hasta de un 20% y no realizaron las obras.

Guerra indicó que tanta culpa tiene "él que mata a la vaca, como el que le corta la pata" y no se debe ir solamente contra quienes, a nombre de las empresas contrataron con el Estado, sino que también se debe buscar  a los funcionarios  "negligentes" e "indolentes" que se hicieron de la vista gorda para que otros robaran el dinero del pueblo panameño. 

"Más hoy día cuando usted está viendo un pueblo  precario, con hambre, con necesidades, con un desempleo en donde la consigna del Gobierno es vacúnate, cuando la consigna primordial  debe ser darle trabajo al pueblo", dijo. 

Enfatizó que con este tema de la supuesta lesión patrimonial en el programa de Sanidad Básica, lo primero que hay que ver quien era el director del mismo en el Gobierno pasado, 

  'Él tendrá que decir quien le daba las instrucciones o las órdenes, segundo quien alegremente firmaba, un 20% de la cuantía del proyecto  para entregarlas y 20%  de un millón, son 200 mil dólares y  de dos millones son 400 mil", sentenció

De forma puntual, Guerra expresó que no solamente se está hablando de proyectos de 2 millones de dólares, "sino que se habla también qué sucedió otras cosas en otros  ministerios, entre ellos el Miviot donde se desembolsaron más de 12 millones de dólares".

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 Por su parte, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó que la responsabilidad de cuentas establecida en la Constitución desde 2004, es un universo separado a la parte penal, sin embargo, dijo que esto no descarta que se pueda abrir una investigación por estos hechos.

"Creo que el complemento para disipar dudas sobre el funcionamiento de  la contratación  de  asuntos del Estado, entraña que  el Ministerio Público (MP) abra una investigación, que se aclare si puede existir algún tipo de peculado".

Añadió que los recursos del Estado deben ser supervisados, por lo cual estos contratos deben investigarse,  como paso en distintos momentos con algunas contrataciones que han sido revisadas en el Ministerio Público. 

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