Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a exfuncionarios del gobierno de Juan Carlos Varela por supuesto tráfico de armas
Entre las medidas cautelares impuestas figuran arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
La audiencia de imputación concluyó a las 2:40 a.m.
El exdirector de la Policía Nacional, Omar Pinzón, el exdirector del Servicio Aeronaval, Belsio González; el exdirector del Senafront, Frank Ábrego; el exdirector de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, además de otras cuatro personas fueron imputados por los delitos de posesión, tráfico de armas y explosivos como parte de la Operación Furia.
El juez de garantías Eric González dictó medidas cautelares de impedimento de salida del país y arresto domiciliario para Ábrego, Pinzón, González, Bárcenas, Jack Betesh y Luis Segarro. Mientras Juan Pineda y Roberto García tendrán reporte periódico y país por cárcel.
La audiencia de imputación comenzó en horas de la tarde de ayer y concluyó a las 2:40 a.m. de este jueves 16 de julio.
Eneldo Márquez, fiscal de Delincuencia Organizada, indicó que la teoría del caso de la fiscalía es que muchas de estas personas que ocuparon cargos públicos se valieron de certificaciones para importar armas al país, incluso algunas de guerra, las cuales fueron a parar a manos de particulares.
"Se formuló imputación en contra de ellos por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico de armas y explosivos establecidos en el artículo 335 del Código Penal. El cual fue establecido por el juez y se estableció un plazo de investigación de seis meses", explicó Márquez.
Hay que recordar que este martes se informó que durante la Operación Furia, organizada por la Policía Nacional y la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, se aprehendió a 19 personas, entre las que se involucran a funcionarios y personas que pertenecieron a los estamentos de seguridad con altos mandos en el gobierno de Juan Carlos Varela.
En esta acción se realizaron 18 diligencias de allanamiento. Se recuperaron 34 armas de fuego, 24 relacionadas con el caso, 3 que no cuentan con el permiso y 7 que tienen permiso y están en verificación. Además de un total de 2,342 municiones de diversos calibres.
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La operación se realizó en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. Las autoridades señalaron que esta verificación data desde el 2012 y la investigación inició en marzo del 2019, en donde la misma arrojó personas civiles como funcionarios que pertenecieron a los estamentos de seguridad involucradas en el tráfico de armas en la modalidad del delito contra la seguridad colectiva.
Las autoridades también informaron que estas armas encontradas eran importadas a la República de Panamá, que ingresaron con el fin de ser utilizadas por los estamentos de seguridad, pero que posteriormente fueron reubicadas en particulares como en personal de altos cargos de los estamentos de seguridad del país.
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