Panamá
El Ministerio Público busca establecer las posibles afectaciones y secuelas que esta deforestación pueda causar en los ríos Amarradero y Pihuila, que desembocan en el río Balsas.
Parte del recorrido realizado por las autoridades en Darién. MP
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Darién y la Fiscalía Superior de Delito Ambiental, inició una investigación relacionada con la deforestación de aproximadamente 188 hectáreas de bosques en Amarradero y Pihuila, las cuales están en áreas protegidas.
A través de una diligencia ambiental, dirigida por el fiscal José Lorenzo, en el área se pudo verificar que se trata de un bosque natural, en donde se han visto afectados árboles monumentos nacionales como el Almendro y Nazareno, con edades entre los 200 a 500 años de antigüedad.
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Además, se verificó en comunidades de Zamia una planta prehistórica protegida, al igual que aves como las oropéndolas, guacamayas rojas y amarillas, primates y otras variedades de flora y fauna, en peligro de extinción.
El MP busca establecer las posibles afectaciones y secuelas que esta deforestación pueda causar en los ríos Amarradero y Pihuila, que desembocan en el río Balsas y que conforman una microcuenca que es de importancia biológica para el lugar y el país.
Se pudo conocer que la Fiscalía analiza si se trata de un delito de deforestación con fines de realizar actividades de ganadería extensiva, ya que en el lugar se encontraron varios campamentos, sin embargo, los mismos habían sido abandonados.
Hay que indicar que estas diligencias ambientales se realizaron con el apoyo de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), ingenieros forestales del Ministerio de Ambiente, unidades de la División de Delitos Ambientales de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ).
También el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quienes colaboran con este proceso.'
415
denuncias por delitos contra el ambiente se investigaron durante el año 2020.
179
denuncias por delitos contra los recursos naturales se investigaron el año pasado.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, durante el año 2020 se investigaron un total de 415 denuncias por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial.
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De este total, 179 fueron por delitos contra los recursos naturales, 34 contra la vida silvestre y 197 contra los animales.
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