Panamá
De acuerdo con la defensa del exmandatario, la negativa de parte de Marquínez se contrapone a la posición del Ministerio Público (MP), entidad que sí le avaló la salida del país.
Juan Carlos Varela, expresidente de la Rrepública. Archivo.
La juez tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, le negó la solicitud de salida del país, por un periodo de 17 días para viajar a España, al expresidente de la República, Juan Carlos Varela, imputado de cargos dentro el caso Odebrecht.
Varela había sido invitado por una universidad de España.
De acuerdo con la defensa del exmandatario, la negativa de parte de Marquínez se contrapone a la posición del Ministerio Público (MP), entidad que sí le avaló la salida del país.
Para esto, el MP indicó que Varela ha, supuestamente, cumplido con su medida cautelar y que mantiene arraigo en Panamá.
La decisión de Marquínez se da luego de que el pasado 8 de enero de este año, Panamá América consultó a la fiscal Anticorrupción, Anilú Batista, sobre este permiso de salida de Varela y la misma indicó que ese trámite se encontraba todavía en manos del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales.
La funcionaria del Ministerio Público (MP) indicó que el caso Odebrecht, por el cual está imputado de cargos Varela, se encuentra en manos del Juzgado Tercero Liquidador de causas Penales y que hasta el momento tiene entendido que la juez Marquínez no ha resuelto dicha solicitud.
Esta aseveración la hizo porque hasta este momento ella no había sido notificada por parte del Juzgado Liquidador de los trámites hechos por Varela.
De forma clara, la fiscal indicó que como Fiscalía Anticorrupción tendrían que ser notificados del permiso de salida del país, esto para emitir una opinión con base en esa solicitud de salida del país.
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En vista de esto y por los señalamientos hechos por la defensa de Varela, la fiscal Batista avaló darle el permiso de salida al exgobernante.
Varela, mediante diferentes argucias legales, ha intentado que el Ministerio Público lo excluya del caso de supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.
Uno de sus últimos recursos fue la presentación de un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, con lo cual intentaba que le anularan los cargos que se le imputaron por el presunto lavado de activos provenientes de Odebrecht.
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