Las provincias de Panamá, Chiriquí y Coclé concentran la mayor cantidad de homicidios registrados en el país hasta el 18 de octubre, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (Siec). Dichas zonas acumulan, en conjunto, 32 casos más que en el mismo periodo del 2025, por lo que las autoridades han intensificado sus operativos policiales para reforzar la seguridad ciudadana.
Las muertes violentas también muestran una disminución en la provincia de Colón, donde los asesinatos pasaron de 96 a 81, lo que supone una reducción del 16%; no obstante, la tasa de violencia sigue siendo "alta y alarmante". Mientras que, en Panamá Oeste, la cifra descendió un 5%.
Pese a ello, la incidencia se mantiene en un promedio de 11 hechos por semana, con una mayor concentración durante los fines de semana, especialmente los domingos, cuando se contabilizan 89 hechos de sangre.
El 55% de estas muertes, de acuerdo con el informe, están relacionadas con estructuras criminales y el 12% son víctimas inocentes; por tanto, se recomienda a los estamentos de seguridad redoblar sus estrategias para mantener la contención de este delito y que no supere el máximo histórico en cada mes.
Jaime Fernández, director de la Policía Nacional de Panamá, considera que la ola de violencia que atraviesa el país está relacionada con las incautaciones de droga y operaciones antipandillas ejecutadas desde el año pasado.
Mencionó recientemente que se han desarticulado 59 de las 180 organizaciones delictivas identificadas a nivel nacional y continuarán desarrollando labores de inteligencia para combatir estos grupos.
"La parte de las pandillas es un continuo laborar de la Policía para generar efectividad y suficiente evidencia para que el Ministerio Público pueda desarrollar su tarea posterior a las capturas que tenemos nosotros y que sea contundente el resultado de esa operatividad", dijo.
Indicó que estas organizaciones se relacionan con grupos criminales fuera del país y utilizan a otras asociaciones de menor tamaño para mover sus cargamentos, ejecutar asesinatos y controlar territorios.
Además, han encontrado en los menores de edad una población vulnerable para incorporarlos a sus actividades. Ante esta situación, se presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa para endurecer las penas contra los jóvenes que incurran en estas acciones.
Aunque el proyecto ha generado opiniones a favor y en contra, el diputado Jairo Salazar, uno de sus defensores, sostiene que los adolescentes que decidan quitarle la vida a otra persona deben responsabilizarse por sus actos.
Alega que la flexibilidad del sistema de justicia juvenil podría estar influyendo en la participación de menores de edad en este tipo de delitos; por ello, propone que se modifique la normativa y se refuercen los programas de prevención.
El documento aún debe ser analizado a profundidad por la comisión correspondiente.
