Panameñistas librados de casos legales, gracias a la justicia selectiva

La investigación contra el exalcalde capitalino Bosco Ricardo Vallarino nunca avanzó, a pesar de haber admitido públicamente que recibió dinero producto de coima, demostrando que en Panamá hay justicia selectiva, aplicada por el Ministerio Público, en un aparente contubernio con el gobierno de Juan Carlos Varela.

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Actualmente, Vallarino está libre e incluso presentó una denuncia contra el expresidente Ricardo Martinelli, por un hecho de supuesta extorsión, ocurrido hace seis años, cuando renunció a la alcaldía capitalina.

Favorecido por la justicia selectiva, Vallarino ahora pretende regresar al plano político, al mostrarse como precandidato del Partido Panameñista por el circuito 8-8, que tendrá sus elecciones primarias el próximo domingo, 28 de octubre.

En mayo de 2015, el exalcalde fue llamado a rendir indagatoria debido a una investigación por presuntamente haber aceptado un soborno de $6,000 de parte del empresario Alexander Ventura Nogueira para construir estacionamientos soterrados en Calidonia, y que fue admitido por Vallarino en una entrevista televisiva.

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Contrario a este caso, varias figuras de Cambio Democrático (CD), que trabajaron en el gobierno de Ricardo Martinelli, fueron víctimas de procesos irregulares en el Ministerio Público, recibiendo la máxima medida cautelar, como es la detención preventiva.

A Vallarino solamente se le puso, en primera instancia, casa por cárcel, medida que se fue flexibilizando hasta quedar en país por cárcel.

La causa del exalcalde por delito contra la administración pública se encuentra en el Juzgado Undécimo de lo Penal, y recursos presentados por su defensa han imposibilitado que se fije fecha de audiencia, después de que estaba prevista para octubre de 2017, es decir, hace un año.

Realidad

Bosco Vallarino no es el único panameñista que ha pasado 'agachado' en este gobierno, sin ser llamado a rendir cuenta ante la ley.

Caso similar aplica para Grimaldo Córdoba, exvocero de campaña del presidente Juan Carlos Varela, quien también reconoció haber ejercido la profesión de médico sin poseer la idoneidad correspondiente.

Su condena fue irrisoria, siendo inferior a cinco años (42 meses), por lo que fue conmutada por días multa, y desapareció de la palestra desde diciembre de 2015.

Otra funcionaria que, a pesar de las pruebas, salió librada en un proceso legal durante esta administración fue la exviceministra de Desarrollo Social, Zulema Sucre.

La panameñista fue acusada por sus escoltas de obligarlos a pasear a su mascota, un perro llamado 'Gucci', en horas laborables, además de otras irregularidades, por lo que se le imputaron cargos por peculado de uso. Como medida cautelar, solamente se le impuso país por cárcel.

En julio de este año, fue absuelta por el juez decimosexto de lo Penal, Enrique Pérez, aunque el fallo fue apelado por el Ministerio Público.