Presiones y beneficios a allegados, en el seno de la AMP, salen a relucir en dos nuevas denuncias penales

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) continúa acumulando denuncias, una situación que le impide dejar atrás el fangoso terreno a la que la condujo Noriel Araúz en el pasado quinquenio.

Adicional a la acción interpuesta contra las resoluciones contradictorias que revivieron una cuestionada licencia de combustible a favor de Services White Tiger Corp, ahora es el licenciado David Bowen el que impulsa dos denuncias penales contra su administrador, Luis Roquebert, por el presunto delito contra la administración pública.

Una de las denuncias indica que el administrador habría incurrido en prácticas anómalas con el ánimo de privilegiar a allegados en asuntos de transformación tecnológica y digitalización dentro de la gestión de los servicios que brinda la AMP.

"El administrador, con el propósito de intervenir en la contratación de empresas que serán seleccionadas en esta transformación tecnológica, ejerció presión en la exdirectora de la Dirección de Gente de Mar, logrando que la misma renunciara al cargo, por no alinearse con los intereses superiores", detalla el documento.

De acuerdo con Bowen, tras esta renuncia, el administrador logró la designación de un nuevo director, quien de forma inmediata inició este plan de transformación tecnológica y habría adjudicado a una empresa, con supuestas afinidades en otros negocios el actual administrador, el proyecto.

El denunciante agrega que la asignación de estas empresas se habría dado "a cambio de beneficios económicos personales o institucionales no autorizados".

Bowen, además, advierte sobre la presunta informalidad en la asignación de la empresa (mediante un correo electrónico), lo cual va en contra de la transparencia, eficacia y debido proceso en toda contratación pública, constituyéndose en malversación de fondos y uso indebido de recursos públicos.

Viáticos
La segunda denuncia penal interpuesta contra Roquebert y el asesor del despacho superior, Nodier Miranda, apunta a la supuesta disposición de fondos presupuestarios usados para viáticos y gastos de viaje con destino a actividades ante organismos internacionales.

Bowen alerta que estas actividades, según el marco legal de la AMP, corresponden exclusivamente al director de Marina Mercante, quien es el representante autorizado ante foros marítimos internacionales.

"Los fondos fueron aprobados por el director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, quien carece de competencia funcional para autorizar tales desplazamientos, incurriendo en una desviación de poder y uso indebido de recursos públicos", reseña la denuncia.

Asimismo, Bowen señala que se ha detectado un patrón de pagos reiterados y frecuentes a un consorcio, sin que existan avances visibles en la obra y justificación de las cuentas presentadas por el consorcio. La AMP justificaría los traslados de partidas con pagos a proveedores que no se ejecutan, mientras se redirigen los fondos a estos proyectos.