Panamá
Juristas señalan que por el bien del Ministerio Público, el procurador Caraballo debe iniciar una investigación contra los fiscales mencionados.
Javier Caraballo, procurador de la Nación.
Luego de que un nuevo testigo reveló cómo se manipuló el sistema de justicia en Panamá, a través de una organización liderada por Juan Carlos Varela, Rolando López, Kenia Porcell y otros, el procurador general encargado, Javier Caraballo, tiene la obligación de iniciar una investigación y separar a los implicados en este nuevo escándalo.
"No es hora de que el procurador haga algo con estos fiscales, ya está tarde y hace más de 1,000 años que debió hacer algo", sentenció el presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), Alfredo Vallarino.
Agregó que del testimonio dado por el testigo "Euro 14" se armaron cantidad de casos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
"Es decir, que está es la base prohibida de un montón de casos y en donde se está evidenciando que fiscales han actuado cometiendo delitos dentro de este caso, entonces lo mínimo que puede hacer un procurador por la sanidad de la imagen del Ministerio Público es separar a los fiscales para que no puedan seguir actuando en esos procesos", explicó.
Enfatizó que estos funcionarios deben ser investigados de manera inmediata, respetándole la presunción de inocencia, algo que, según Vallarino, ellos nunca hicieron en los casos que tramitaron.
"Esto es grave, y la parte más delicada es saber que tú tienes a personas dispuestas a cometer delitos para ensañar sus investigaciones, están dispuestos a recibir pruebas sembradas desde un Consejo de Seguridad, desde la Presidencia de la República y tú no puedes tener a esos tipos de fiscales en el país", dijo.
Agregó que mantenerlos es algo absurdo, ya que no se puede tener este tipo de justicia en el país y "menos que un procurador de la Nación se haga de la vista gorda y que no haga nada, literalmente a él le toca no solo cumplir la ley, sino hacer que se cumpla. De manera clara, obvia y contundente sus fiscales no están haciendo eso".
Hay que indicar que el testigo protegido en el Caso de Granos fue claro en señalar cómo fiscales del Ministerio Público y funcionarios del Gobierno de Juan Carlos Varela se prestaron para presionarlo con el fin de que involucrara al exmandatario Ricardo Martinelli, su familia y miembros de su administración.
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Entre esos funcionarios están los fiscales Zuleyka Moore, Nathaniel Murgas, Adecio Mojica, Vielka Broce, Tania Sterling, Ruth Morcillo, Aurelio Vázquez y al exdirector del Sistema de Protección Institucional (SPI), Eric Estrada, etc.
Para el abogado Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), las declaraciones vertidas por el testigo protegido comprometen al MP y a todas las personas que supuestamente influenciaron en él.
Agregó que el hecho de viciar un testimonio por razones de presiones o intimidaciones para inculpar a una persona o personas, es un claro insulto a la administración de justicia.
Enfatizó que esto obliga al MP a dar el ejemplo y de acuerdo con el Código de Ética Judicial y a normas legales vigentes, debe iniciar una investigación para que hechos de este tipo no se repitan.
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