Reprograman audiencia de apelación de medida cautelar a De Gracia
El Ministerio Público pide que se le aplique la pena mínima por el delito de enriquecimiento injustificado, es decir, 11 años.
El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, se mantiene recluido en el Centro Penitenciario de Tinajitas. Cortesía
La audiencia de apelación a la medida cautelar impuesta a Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), por presunto enriquecimiento injustificado fue pospuesta para el próximo 16 de septiembre debido a fallas técnicas.
Durante el acto programado para ayer, lunes, a las 2:00 de la tarde, se le notificó a las partes que el penal en el que se encuentra el exfuncionario presentaba problemas de conectividad; por tanto, no sería posible garantizar su participación de manera virtual, lo que llevó al Tribunal a reprogramar la audiencia.
La abogada del exdirector de la DGI, Gladys Quintero, espera que el Tribunal reevalúe la medida cautelar de su cliente, tomando en consideración los riesgos procesales de la investigación.
"Esperamos que se haga justicia (...) estamos en la búsqueda de la libertad de Publio De Gracia", subrayó.
El Tribunal, durante la audiencia, confirmó la medida de reporte periódico otorgada por el juez de garantías a Elaine Salterio González, esposa de De Gracia, investigada por presunto blanqueo de capitales.
Su representante legal, Sarai Blaisdell, anunció que próximamente presentará pruebas que facilitarán su desvinculación del caso con el propósito de solicitar un sobreseimiento, ya que el Ministerio Público (MP) "tiene más argumentos que elementos".
Dichas pruebas incluyen informes de auditoría privada para certificar que el dinero que la Fiscalía aduce proviene de una transacción irregular de su pareja, mientras estuvo al frente de la DGI, corresponde al pago de su salario.
El MP, por su parte, pide que se le aplique la pena mínima a ambos involucrados, es decir, 11 años al exservidor público y 5 a su esposa por sus respectivos delitos.
De Gracia, de acuerdo con el fiscal Eduardo Rodríguez, utilizó su cargo para enriquecerse mientras la población se enfrentaba al covid-19.