Esta información le fue suministrada al pleno de la Asamblea Nacional de Diputados donde se aprobó en segundo debate el proyecto de ley No.566 que modifica la ley 99 de 11 de octubre de 2019 y se dictan nuevas medidas de alivio tributario para la reactivación de la economía nacional.
Desde el 1 de junio próximo, podrán participar todas las organizaciones que deseen aprovechar sus ventajas para la transformación digital, comercio electrónico, y ahorros operativos.
También se amplió las declaraciones juradas de renta que terminan el período fiscal 2020 para naturales y jurídicas.
El director de la Administración Tributaria destacó que todas esas obligaciones desde el 31 de enero hacia atrás, pueden llegar arreglos y aprovechar la extensión de la amnistía tributaria ahorrándose el 85% en intereses, recargos y multas.
Los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a 500 mil dólares y estén debidamente inscritos en el Registro Empresarial de AMPYME, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 699-A y 700-A del Código Fiscal, tendrán también hasta el 3 de mayo de 2021 como plazo definitivo para presentar su declaración jurada de rentas correspondiente al período fiscal 2020.
El listado de morosos en el pago de la tasa única será publicado en la Gaceta Oficial y comunicado a su vez al Registro Público de Panamá, para que se suspendan los derechos corporativos de las personas jurídicas.
La institución hace saber que los contribuyentes que tengan a su favor créditos líquidos y exigibles (dinero pagadas de más al Tesoro Nacional) y que no tengan deudas por ningún otro tributo, tendrán derecho a la devolución de impuestos, ya sea por compensación o cesión de créditos.
Este proyecto de ley tiene un ingrediente social, además de lo económico, ya que como resultado de la pandemia de la covid-19, miles de panameños se han visto afectados no solamente en su salud, sino en la economía de sus hogares producto del cierre de empresas, contratos suspendidos y separación definitiva de sus labores, expresó Publio De Gracia, director de la DGI.
Si las personas naturales no pueden cumplir con su obligación de presentar su declaración jurada de renta al 15 de marzo, la DGI les informa que tendrán hasta ese mismo día para solicitar a la institución una prórroga.
En el encuentro con los equipos de ambas organizaciones se estableció que la factura electrónica, a pesar de haber iniciado en el gobierno anterior, es uno de los proyectos importantes que lleva a cabo la actual administración.
El director de la DGI, Publio De Gracia, indicó que la economía panameña vive un momento trascendental, donde todas las acciones encaminadas a la recuperación hay que abordarlas en conjunto, no solo el Gobierno, sino todos los actores de la economía, desde los micro hasta los grandes empresarios.
La DGI procede a reglamentarlos mediante las resoluciones 201-0292 de 20 de enero de 2021, en que se dictan requerimientos técnicos que deben contener los equipos fiscales utilizados a nivel nacional, así como la homologación y autorización para distribuir o enajenar equipos fiscales en el territorio nacional.
Publio De Gracia dijo que este primer semestre de 2021 será clave para avanzar en facturación electrónica y esto va a contribuir para limitar, mitigar y reducir la evasión fiscal que históricamente representa importantes porcentajes en los impuestos sobre la renta y el ITBMS.
La falta del libro de control y mantenimiento, el no uso del equipo fiscal para registrar las operaciones de ventas, no contar con el letrero de “Pida su Factura” fueron parte de las irregularidades encontradas.
De acuerdo con la DGI este modelo de facturación puede brindar una mayor trazabilidad de las compras y será de mayor provecho para los comerciantes ya que tendrán un mayor control en su estado contable digital, concluyó el director de la DGI.
La Ley de Pronto Pago que concede un descuento del 10% en el monto a pagar por pago anticipado, la DGI informa que se han beneficiados a la fecha unos 79 mil 419 contribuyentes, obteniendo estos un ahorro de $11,880.910.
Ángel Calderón, abogado del exfuncionario, manifestó que después de una larga lucha de varios meses presentando los recursos correspondientes para demostrar que su cliente padece de una serie de afectaciones crónicas y que en caso de contagiarse de la COVID-19
En comparación con la meta presupuestada sin documentos fiscales, la recaudación de los ingresos Tributarios, al cierre de septiembre de 2020, registra un déficit aproximado de 32.4%, en donde los impuestos directos disminuyeron $556 millones y los indirectos estuvieron $751.3 millones por debajo de lo presupuestado, dio a conocer el director de la DGI.
La defensa de Cucalón, desde que se detectaron los casos de la COVID-19, mantuvo una lucha para que al exdirector de la DGI se le otorgara un cambio de medida por temor a que este se contagie.
Cabe resaltar que, un juez de Cumplimiento concedió prisión domiciliaria temporal, por el término de tres meses, al exdirector de la Dirección General de Ingresos, Luis Cucalón el pasado 11 de mayo de 2020.
