Seguimiento ilegal que se dio en Gobierno de Juan Carlos Varela aún no es investigado

Agentes del Consejo de Seguridad testificaron ante el Ministerio Público (MP) que esta entidad del Estado, durante el Gobierno del expresidente, Juan Carlos Varela, hacía seguimientos a personas particulares, políticos, sindicalistas y participantes de protestas universitarias.

Sin embargo, hasta la fecha es poco el avance que se ha tenido sobre estas denuncias de persecución y seguimiento que se dio en el gobierno pasado.

En la gestión de Juan Carlos Varela, el Consejo de Seguridad se convirtió en el ente de persecución judicial más desenfrenado desde la dictadura militar en la que vivió Panamá.

Para nadie fue un secreto que este ente, adscrito al Ministerio de la Presidencia, fue tomado por una estructura militar nombrada por Varela con el objetivo de acabar con sus rivales políticos, como el expresidente Ricardo Martinelli, la principal cabeza, junto a sus allegados.

Desde esta entidad, se coordinó la apertura de expedientes ilegales que luego fueron judicializados cuando Varela sacó a Kenia Porcell de esa estructura para nombrarla procuradora general de la nación.

Abogados denunciaron que muchos casos que judicializó la exprocuradora Porcell nacieron en el Consejo de Seguridad, pero también sigue presente el temor de que esta es la entidad que se encargaba del espionaje contra líderes políticos, sindicales, empresariales y de la sociedad civil que se opusieran a la línea del gobierno de Varela.

Testimonios juramentados confirmaron que en el Consejo de Seguridad se realizaron trabajos de espionaje contra personas civiles, con la excusa de que se trataba de "grupos de presión que atentan contra el orden público".

En 2015, la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada obtuvo importantes revelaciones que ignoró sobre actuaciones del Consejo de Seguridad Nacional que pudieron ser irregulares.

En ese entonces, se dijo que estas eran revelaciones que se asemejaban a denuncias por las cuales se investigaron solo a figuras del gobierno martinelista, es decir, el derecho a la privacidad o las llamadas escuchas telefónicas ilegales contra sindicalistas y personas de la sociedad civil a los que ellos denominan "grupos de presión".

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En su momento, agentes operativos del Consejo de Seguridad describieron cómo funcionó esta entidad bajo el gobierno Varela.

En marzo de 2015, la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada tomó declaración jurada a tres agentes del Consejo de Seguridad del gobierno pasado, esto para dos de sus procesos en marcha, solo buscando incriminar a personas allegadas a Ricardo Martinelli.

Los agentes, en su momento, revelaron en sus declaraciones juradas algunos de los mecanismos que ejecutó el Consejo de Seguridad Nacional.

Estos agentes aceptaron en sus declaraciones juradas que desde el Consejo de Seguridad se daba seguimiento a sindicalistas y líderes de "grupos de presión", a los que no escapa la sociedad civil.

Incluso, ratificaron que la entidad tenía bajo su operación máquinas de interceptación telefónica.

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El agente Rafael Sánchez, quien operaba con el seudónimo de "Leonardo", sostuvo en su declaración jurada que la entidad le dio seguimiento a "grupos sindicales de todo tipo, los que hacen medidas de presión como huelgas, marchas, cosas así". Además de Sánchez, las agentes Carmen Salinas alias "La Profe" e Isis Valdés, alias "Tamy", también testificaron cómo se interceptaban llamadas y cómo se les daba seguimiento a personas a través del "Grupo de Presión".

Recientemente, Jóvenes del partido Realizando Metas (RM), presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por espionaje y seguimiento ilícito por parte del Consejo de Seguridad. Esto, luego de que en una manifestación en diciembre pasado, fueron seguidos por agentes.