Tribunal de Apelaciones mantiene medidas cautelares contra ocho implicados en tráfico de armas
La decisión la tomó el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá del Sistema Penal Acusatorio (SPA), integrado por los magistrados Giovannina Antinori, Carlos Rivas y Yiles Pittí, quienes confirmaron las medidas cautelares personales proferidas por un juez de garantías, a ocho ciudadanos imputados por la supuesta comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de posesión y tráfico de armas y Explosivos.
Por esta investigación de tráfico de armas hay seis personas con arresto domiciliario y dos tienen impedimento de salida del país.
Un Tribunal de Apelaciones decidió mantener las medidas cautelares que fueron dictadas el pasado 16 de julio a un total de ocho personas imputadas por la supuesta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de posesión y tráfico de armas y explosivos.
La decisión la tomó el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá del Sistema Penal Acusatorio (SPA), integrado por los magistrados Giovannina Antinori, Carlos Rivas y Yiles Pittí, quienes confirmaron las medidas cautelares personales proferidas por un juez de garantías, a ocho ciudadanos imputados por la supuesta comisión del delito contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de posesión y tráfico de armas y Explosivos.
En este sentido, el juez del Primer Circuito Judicial de Panamá, Erick González, ordenó las medidas cautelares personales de prohibición de salida del país y retención domiciliaria para seis de los implicados; y las medidas de reporte periódico el primer y tercer jueves de cada mes y la prohibición de salida del país para los otros dos ciudadanos.
Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, luego de escuchar a las partes intervinientes, resolvieron los cincos recursos solicitados por las defensas técnicas particulares y negaron la solicitud de cambio de medidas cautelares, al considerar que no les asiste razón a los defensores en los recursos presentados.
Mientras que al momento de entrar a analizar la solicitud de apelación presentada por el Ministerio Público, la decisión de los magistrados se basó en que la fiscalía no logró sustentar la magnitud, ni la gravedad del riesgo de afectación de medios de prueba a efectos de obtener el cambio de la medida cautelar de retención domiciliaria por la de detención provisional, así como que dicho riesgo se ve salvaguardado por las medidas que fueron impuestas en primera instancia.
La decisión del juez de garantías, Erick González fue apelada por el fiscal Emeldo Márquez Pittí, al igual que por los defensores técnicos particulares, Julio Macías, Marcela Araúz, Johan Barrios, Rosendo Miranda y Víctor Alvarado. Para esta audiencia virtual, también concurrieron Gustavo Bailey, Luis Eduardo Camacho y Nicolás Brea.
El pasado 16 de julio de 2020, el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Erick González, decretó las medidas cautelares personales de prohibición de salida del país y retención domiciliaria a seis ciudadanos, mientras que a otros dos ciudadanos, se le impusieron las medidas de reporte periódico el primer y tercer jueves de cada mes y la prohibición de salida del país.
El hecho tuvo su origen en 2019 y guarda relación con una investigación denominada “Operación Furia”, que realiza el Ministerio Público dentro de un presunto caso contra la seguridad colectiva.
Mediante allanamientos realizados el pasado martes 14 de julio como parte de esta investigación, fueron aprehendidas 19 personas, entre los que se encuentran exfuncionarios de los estamentos de seguridad y civiles, además se incautaron unas 34 armas de fuego que pertenecían a los estamentos de de seguridad del país y que luego eran sustraídas por personas que en su momento pertenecieron a altos mandos dentro de las autoridades.
De las 34 armas recuperadas hasta ese momento, 24 pertenecen al caso que se investiga, 3 armas no tienen permiso y 7 cuentan con permiso, pero están en verificación.
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