La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace hoy un balance de su 137 periodo de sesiones públicas en las que analizó casos, peticiones y audiencias sobre violaciones de los derechos humanos en la región.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), evaluará el estado de los derechos humanos en Latinoamérica durante su acostumbrada rueda de prensa al término de las sesiones, que duraron dos semanas.
Durante cuatro días de audiencias públicas, la CIDH analizó 54 casos, presentados por Gobiernos y asociaciones de derechos humanos de 18 países de la región.
Los siete comisionados de la CIDH mantuvieron además citas de trabajo cerradas al público para ver las peticiones que ya están tramitando y otras que están pendientes de admisión, así como para aprobar informes de fondo y escuchar denuncias en privado.
Este período de sesiones estuvo marcado especialmente por nuevas críticas de Venezuela a la CIDH y a su secretario ejecutivo, Santiago Canton, y por la retirada del representante de Colombia de una audiencia sobre el espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en ese país.
Venezuela acusó a la CIDH de prestarse a los intereses de determinados sectores para desestabilizar y desacreditar al Gobierno y pidió, por primera vez en una audiencia del organismo, la sustitución de Canton.
Por su parte, el Gobierno de Colombia abandonó una audiencia en la que varias organizaciones denunciaron una "gigantesca e ilegal" operación de inteligencia contra las ONG y defensores de derechos humanos que, según sus denuncias, comprometía a todas las agencias del Estado.
El embajador colombiano ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, se negó a permanecer en la audiencia y a escuchar los argumentos de los peticionarios, alegando que no había recibido la información necesaria por parte de la CIDH y de los peticionarios para pronunciarse sobre el caso.
Posteriormente la CIDH mostró documentos que señalaban que el Gobierno de Colombia sí había recibido la información solicitada.
Otros dos países hicieron noticia al reconocer su responsabilidad en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Paraguay reconoció su responsabilidad en la desaparición forzosa de dos niños soldados en 1998 mientras se encontraban bajo custodia del Ejército.
Y El Salvador dio un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por escuadrones de la muerte.
