La SIP deplora acciones contra Panamá América

La apertura de un proceso administrativo contra Grupo Epasa por el Tribunal Electoral, así como el fallo condenatorio de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia contra , ante una denuncia presentada por el exmagistrado Winston Spadafora, fueron precedentes negativos para la libertad de expresión que fueron señalados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reunión de medio año.

En enero, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena al diario y a los periodistas Gustavo Aparicio y Jean Marcel Chéry, a pagar una indemnización a Spadafora de $25 mil.

En ese entonces, el fallo fue ampliamente condenado por gremios periodísticos y medios de comunicación, ya que sienta un pésimo antecedente en lo que respecta al derecho de la fiscalización de la prensa sobre los servidores públicos.

Este fue un proceso entablado contra el diario y los periodistas Gustavo Aparicio y Jean Marcel Chéry, quienes informaron sobre la utilización de recursos del Estado a través del antiguo Fondo de Inversión Social (FIS) para la construcción de una carretera y así, presuntamente, favorecer una finca privada del entonces ministro Winston Spadafora.

En enero de este año, el Tribunal Electoral (TE), aplicando una norma del Código Electoral que establece lo referente a llevar un registro de la propaganda de instituciones estatales en los procesos electorales, impuso una multa a la radioemisora KW Continente.

En el informe, también se advierte sobre la condena al diariopor el Juzgado Decimotercero de lo Civil en concepto de daño moral contra David y Daniel Ochy, por publicaciones realizadas en 2012, que se referían a contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para favorecer a su empresa.

Se obligó al medio a pagar $600 mil al empresario, además de otros costos por $60 mil.

Otro hecho denunciado fue el del periodista Álvaro Alvarado, quien presentó ante la Procuraduría General de la Nación una querella penal contra las personas que resulten responsables por delitos contra su honor.

Alvarado señaló que habían circulado a través de medios y sistemas de mensajería instantánea (Whatsapp) afirmaciones que le adjudicaban la comisión de delitos.

En el más reciente caso, aduciendo una norma del Código Electoral que señala que las agencias encuestadoras deben registrarse ante el Tribunal Electoral cuando los resultados de sus encuestas vayan a ser divulgados en un medio de comunicación social, el TE abrió un proceso administrativo contra Editora Panamá América y el canal de televisión internacional CB24 por emisiones publicadas el 27 de octubre de 2015 y 15 de febrero de 2016.

Ante esto, las empresas periodísticas ya han presentado sus descargos y el caso está pendiente de una decisión.

La SIP recordó que ha sido presentado un proyecto de reformas electorales por parte del Tribunal Electoral (TE) ante la Asamblea Nacional, que afectaría la libertad de expresión y de prensa y la libre empresa.