América Latina es un gran mercado para las tarjetas inteligentes
- Yessika Valdés
Son útiles porque ayudan a ahorrar tiempo, recursos, energías, y son aplicables para el pago de un sinnúmero de servicios.
En el mundo de hoy, una era en la que todos quieren tener respuestas y soluciones al minuto, hemos perdido algo muy valioso que es la esencia del orden. Eso es grave porque cuando no hay orden puede perderse el respeto a la vida.
Las afirmaciones y reflexiones anteriores son parte de lo que concluye Humberto de la Vega, presidente de la Junta Directiva Smart Cards Alliance Latin America (SCALA), organización que se dedica a promover la adopción, uso e implementación generalizada de la tecnología de tarjetas inteligentes en América Latina, unificando a: fabricantes, suplidores, integradores, programadores, tecnócratas, clientes (Gobiernos, empresas y usuarios finales), en un foro abierto que considere las oportunidades de mejora y retos que surjan en América Latina.
Las tarjetas inteligentes ahorran tiempo, recursos, energías, y son aplicables para el pago del transporte colectivo, llevar un control del historial de salud, transporte de mercancía, la cédula de identidad personal, licencia de conducir, el sistema penitenciario (con un chip que permita rastrear a reos que se escapen...)".
Explicó que “SCALA, a través de sus proveedores, busca ser una parte integrante en el apoyo de las funciones diarias en el desarrollo de países como Panamá, apoyando en el manejo de la identificación de los recursos disponibles en salud, la recolección operacional de los datos, controles de acceso de la información, la gestión de datos de la población, y el análisis de la tendencia del mercado. Estos servicios serán permitidos por el uso de soluciones integradas, y basadas en tarjetas con éxito demostrado y con altos parámetros de configuración para requisitos particulares de la población y del país”.
Educar en materia de los mil y un beneficios que ofrecen las tarjetas inteligentes es la tarea principal de SCALA, organización sin fines de lucro, en la que fabricantes, usuarios, Gobierno, instituciones educativas y el ciudadano común tienen un aliado porque el fin último es el beneficio colectivo.
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