Bukele se olvida de las dolencias de El Salvador por erradicar el nepotismo

El nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está tan enfrascado en erradicar el nepotismo en las entidades estatales que se le ha olvidado que las violentas pandillas merodean por los territorios más vulnerables y que los pobres esperan conocer las medidas que implementará para sacarlos de su realidad.

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Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores @CancillerAleHT, remover a Elmer Javier Rodas, sobrino de la ex Vice Ministra Liduvina Magarín, de su cargo como Asistente Administrativo en El Paso, Texas, con un salario de $1,879.28.— Nayib Bukele (@nayibbukele) 7 de junio de 2019

Ocho días después del cambio de Gobierno, aún se desconoce cómo Bukele, quien alcanzó la Presidencia bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), abordará los temas cruciales, ya que su primera semana como mandatario la ha centrado en sacar de sus cargos a familiares de miembros del anterior Ejecutivo, especialmente del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

La noche del martes pasado, Bukele, de 37 años, publicó en su cuenta de Twitter: "Se le ordena a la ministra de Vivienda (Michelle Sol) que remueva al hijo del expresidente de la República de su plaza en @FONAVIPO (Fondo Nacional de Vivienda Popular) y que sus 4.000 dólares de salario pasen a ahorro de la institución".

El mensaje fue captado de inmediato por la titular del Ministerio de Vivienda, quien a través de su cuenta de Twitter, respondió: "Ahorita mismo, presidente".

El tuit del mandatario fue el primero de muchos que publicó entre la noche del martes y el jueves, en los que acusó a Sánchez Cerén de "nepotismo" tras destituir a ocho supuestos familiares, entre hijos y nietos, quienes trabajan en diferentes entidad estatales.

"Solo en salarios, su grupo familiar (el de Sánchez Cerén) se llevó más de seis millones de dólares en su quinquenio", escribió Bukele, quien también ordenó la destitución de otros familiares de miembros del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido al que perteneció y fue expulsado en el 2017.'

Durante su primer discurso como presidente, Bukele señaló que el país "es como un niño enfermo al que toca darle medicina amarga", pero hasta el momento no ha explicado a qué se refería con esta medida y si la misma será aplicada a todos los salvadoreños, incluyendo a empresarios y grupos de poder, o solo a aquellos que durante décadas han cargado el bulto más pesado.

Esta acción también ha tocado a exfuncionarios del Gobierno de Sánchez Cerén, como la exviceministra de Salvadoreño en Exterior Liduvina Magarin y el extitular de Educación Carlos Canjura.

La manera de proceder del mandatario ha sido criticada por muchos porque los despidos y acusaciones se dan a pesar de los señalamientos en contra de Bukele de supuesto nepotismo durante su Administración en la Alcaldía de San Salvador, la que presidió entre 2015 y 2018, y en su actual gabinete.

Un ejemplo de ello es el nombramiento de Miguel Kattán, tío del mandatario, como secretario de Comercio de la Presidencia, un nuevo cargo creado por Bukele.

En medio de toda esta polémica, al mandatario se le ha olvidado que los miembros de las principales pandillas que asedian los territorios más vulnerables de la nación, considerada como una de las más violentas del mundo, siguen siendo la lacra que no permite al país avanzar.

Aún se desconocen las medidas de seguridad que serán implementadas por el Ejecutivo o si se seguirá con los planes dejados por la Administración de Sánchez Cerén, en los se incluyó sacar a los militares a patrullar las calles.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, señaló el martes pasado que se mantendrán, por orden de Bukele, a más 10.400 soldados en las calles, pese a las peticiones de las organizaciones sociales de desmilitarizar la seguridad pública.

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Estos soldados se suman a unos 28.000 agentes de la Policía que están desplegados en todo el país centroamericano para erradicar la violencia generada por las estructuras Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.

La designación de Arriaza como jefe de la corporación policial tampoco ha sido bien vista por diferentes sectores, entre ellos representantes de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, quienes vinculan al nuevo director de la PNC con supuestas violaciones de derechos humanos perpetradas por unidades bajo su mando.

Entre los casos cuestionados a las unidades bajo el mando de Arriaza se encuentra la desaparición y asesinato de la agente Carla Ayala en una "fiesta navideña" del Grupo de Reacción Policial (GRP), disuelto en 2018, a manos de uno de sus miembros.

A lo anterior se suma que el nuevo mandatario tampoco ha dado pistas sobre las medidas a implementar para mejorar la economía del país, cuya perspectiva de crecimiento se redujo de un 2,6 % a un 2,4 %, inferior al 2,5 % alcanzado en 2018.