Diez exagentes de Pinochet piden perdón por sus crímenes durante la dictadura
Actualizado 2016/12/23 17:44:47
- Chile/EFE
El debate sobre si corresponde que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad puedan acceder a medidas de gracia se abrió después de que el expresidente Sebastián Piñera y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, propusieran que los reclusos mayores de 75 años o que tenga una enfermedad terminal cumplan su condena en arresto domiciliario.
Familiares de Ejecutados Políticos, exigen justicia. FOTO/EFE
Diez exagentes de Pinochet condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1990) pidieron perdón en una ceremonia ecuménica celebrada en la cárcel en la que cumplen sus sentencias.
"Pido ser perdonado por quienes les produje dolores en los momentos en los que participé en la implementación de políticas de seguridad pública en el gobierno militar", dijo el exoficial del Ejército Carlos Herrera Jiménez, que cumple cadena perpetua por el asesinato, en 1982, del líder sindical Tucapel Jiménez.
Claudio Salazar, otro de los internos cuyo discurso fue revelado a la prensa, pidió a Dios que cambiara "aquellos corazones duros, que con razón o sin ella nos detestan sin darnos cabida en la sociedad". "La bondad de Dios sabrá perdonar mis pecados depositándolos en el fondo del océano más grande", añadió este antiguo agente de Pinochet condenado por degollar a tres opositores del régimen en 1985.
Si bien los que han pedido perdón han descartado que detrás de su interés exista una motivación para poder optar a beneficios carcelarios, los familiares de las víctimas creen que todo se trata de "un show mediático" para lograr ser indultados.
El sacerdote jesuita Fernando Montes, quien participó en la ceremonia, descartó que este fuera objetivo de quienes ofrecieron disculpas, puesto que ninguno de ellos pidió "amnistía".
"Nadie de los que escuché pidió que se le rebajaran las penas, nadie pidió amnistía. Pidieron perdón", sentenció a la salida de la prisión.
Además del jesuita, la ceremonia a la que asistieron 96 de los 120 internos de la cárcel especial para exagentes de Pinochet, contó con la participación del sacerdote defensor de los derechos humanos Mariano Puga y de algunos pastores evangélicos y la presencia de abogados de derechos humanos.
Entre los presos que pidieron perdón estuvieron también el general Raúl Iturriaga Neumann, exsubdirector de la DINA, la policía secreta de Pinochet, condenado a cadena perpetua y otras penas en varias causas por violaciones a los derechos humanos; Claudio Salazar, Basclay Zapata, Enrique Ruiz, Pedro Hormazábal, Marcelo Castro y Miguel Estay.
Todos ellos cumplen condena en la cárcel especial de Punta Peuco, una prisión que acoge exclusivamente a violadores de derechos humanos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Este centro penitenciario fue construido en 1995 en el municipio de Tiltil, a 35 kilómetros al norte de Santiago, y cuenta con instalaciones especiales como canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores, motivo por el cual ha sido duramente criticado por las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura.
Frente a la puerta del centro penitenciario, se reunieron medio centenar de víctimas y familiares de detenidos desaparecidos, quienes resistieron las dos horas de la ceremonia bajo un sol de justicia y un calor sofocante al grito de "resulta indispensable que la justicia juzgue a todos los culpables".
La noche del 8 de septiembre de 1986, Felipe Rivero Gajardo, miembro del partido comunista, fue arrancado de su cama y asesinado con 13 disparos en una rotonda de las afueras de Santiago.
Mientras se realizaba la "misa del perdón" en Punta Peuco, su esposa, Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, aguantaba impertérrita delante de la cárcel con una pancarta en sus manos: "No a los indultos a los violadores de los derechos humanos".
"Repudiamos este show mediático. Esto es una manipulación soterrada para lograr el indulto de los criminales", dijo Lira.
"A nosotros no nos interesa el perdón, nos interesa que nos digan la verdad y nos cuenten dónde están nuestros muertos, dónde fueron enterrados sus cuerpos. ¿De qué nos sirve el perdón sino va acompañado de gestos?", añadió la presidenta.
Segundo Feliciano Cerda tenía 20 años cuando fue trasladado al centro de detención y tortura de Tejas Verdes. Con los ojos inyectados de rabia y tristeza, contó cómo los agentes de Pinochet le arrancaron la planta de los pies y lo violaron repetidamente con un palo de escoba.
Esta es la primera vez que salió a la calle porque le cuesta mucho sostenerse en pie, sin embargo, decidió hacerlo para manifestar que mientras no haya verdad y justicia "no se podrá perdonar". "Hemos sufrido demasiado", afirmó.
El debate sobre si corresponde que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad puedan acceder a medidas de gracia se abrió después de que el expresidente Sebastián Piñera y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, propusieran que los reclusos mayores de 75 años o que tenga una enfermedad terminal cumplan su condena en arresto domiciliario.
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Unas palabras que han puesto en alerta a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos quienes consideran que esta puede ser la vía para avanzar hacia los indultos o las mejoras de las condiciones carcelarias para quienes han cometido crímenes que, según normas de la Justicia Internacional adoptadas por Chile, son "imprescriptibles e inamnistiables".
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