Diputados bolivianos aprueban la ley que protege a líderes como Evo Morales

 El expresidente boliviano Evo Morales, exfuncionarios de su Gobierno y líderes sociales podrían verse protegidos por una ley aprobada la madrugada de este viernes por la Cámara de Diputados, que busca evitar su persecución a pesar de que el Gobierno interino ha dicho que no promulgará una norma que fomenta la impunidad.

Morales, quien renunció a la Presidencia el pasado 10 de noviembre y se encuentra asilado en México, es acusado por el Gobierno de transición de Bolivia de delitos como terrorismo y sedición. También se culpa a actuales funcionarios, exautoridades y dirigentes sindicales de haber participado en actos de vandalismo contra la propiedad pública y privada.

Aprobación en la madrugada

"Quiero señalar firmemente que esta ley de garantías de los derechos constitucionales no es una ley que busca la impunidad", expresó el presidente de la Cámara baja, Sergio Choque, en un video difundido en redes sociales de la entidad.

Choque señaló que la Cámara de Diputados, en la que tiene mayoría el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, aprobó la Ley de Garantías Constitucionales pasadas las cinco de la mañana, "tras once horas" de discusión desde el día anterior.

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"Esta ley no es más que la consolidación de los acuerdos que se llegaron con la participación de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y otros entes internacionales", apuntó Choque.'

La renuncia de Morales ha sido calificada como "golpe de Estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política. Las jornadas de violencia en Bolivia han dejado 35 de fallecidos y más de 800 heridos en Bolivia, según la Defensoría del Pueblo.

La Iglesia católica, organismos internacionales y otros actores participaron en una mesa de diálogo nacional para pacificar el país en la que se plantearon varias leyes.

El proyecto legislativo del MAS que se analizó, pues el texto final aprobado no ha trascendido, establecía garantías para que ex altos funcionarios del Estado puedan someterse a un proceso especial de responsabilidades, mientras que el Gobierno interino argumenta que no es necesario porque ya las establece la Constitución.

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Además mencionaba las garantías que deben darse para la no persecución de legisladores, la entrega de salvoconductos para salir del país a quienes otro Estado haya concedido asilo y para proteger a dirigentes sociales ante posibles persecuciones, entre varias otras.

El gobierno no promulgará la ley

La ministra interina de Comunicación, Roxana Lizárraga, ratificó la postura de la presidenta de transición, Jeanine Áñez, de que "no va a promulgar" esa norma.

El texto ahora está bajo la observación del Senado, también controlado por el MAS.

"Garantías constitucionales no pueden existir para personas, organizaciones, miembros que hayan causado daño a los bolivianos", recalcó la ministra.

"Si no promulga (el Gobierno), nosotros vamos a hacer respetar la Constitución Política del Estado", aseveró el diputado del MAS Henry Cabrera, que abrió la posibilidad de convocar a una nueva sesión del Parlamento para que sea esa instancia que ponga en vigencia la ley.

Según el procedimiento legislativo, tras la aprobación que ahora debe realizar el Senado, cursan diez días para un pronunciamiento del poder Ejecutivo, que en caso de vetar la norma, podría promulgarla el Legislativo.

Ante esa posibilidad, lo que quedaría será "interponer, en un plazo máximo de seis meses, una acción de inconstitucionalidad abstracta", aseguró la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola.

El proyecto de Ley de Garantías Constitucionales también establece el resarcimiento económico a familias de fallecidos y la atención integral de heridos en los sucesos violentos que comenzaron tras las fallidas elecciones generales del pasado 20 de octubre.

El Gobierno interino promulgó este jueves por separado un decreto que otorga una compensación de unos 7.200 dólares a familias de fallecidos, además de la atención médica, social y psicológica de heridos.

Morales renunció el 10 de noviembre forzado por los militares después de que una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) revelara irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre, en el que fue reelegido.