Washington/Managua
EE.UU. pide no viajar a Nicaragua y alerta de nuevas detenciones a opositores
En un aviso dirigido a los estadounidenses que se encuentran en Nicaragua, la diplomacia estadounidense recomendó no viajar a este país centroamericano por la COVID-19, o bien reconsiderar sus viajes "debido a disturbios civiles, delitos, disponibilidad limitada de atención médica y aplicación arbitraria de las leyes".
- EFE
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- - Actualizado: 07/8/2020 - 02:01 pm
El Departamento de Estado de EE.UU. recordó que las manifestaciones opositoras han sido declaradas ilegales en Nicaragua. Fotos: Archivo/Ilustrativa.
El Departamento de Estado de EE.UU. recordó que las manifestaciones opositoras han sido declaradas ilegales en Nicaragua. Fotos: Archivo/Ilustrativa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este viernes a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua debido a la pandemia de la COVID-19 y alertó, además, sobre riesgos de nuevas detenciones contra opositores, clérigos, defensores de derechos humanos y periodistas críticos con el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.
En un aviso dirigido a los estadounidenses que se encuentran en Nicaragua, la diplomacia estadounidense recomendó no viajar a este país centroamericano por la COVID-19, o bien reconsiderar sus viajes "debido a disturbios civiles, delitos, disponibilidad limitada de atención médica y aplicación arbitraria de las leyes".
Los viajeros a Nicaragua pueden experimentar cierres de fronteras y de aeropuertos, prohibiciones de viaje, órdenes de quedarse en casa, cierres de negocios y otras condiciones de emergencia dentro de Nicaragua debido a la COVID-19, según el aviso.
Advirtió que en toda Nicaragua se han desplegado policías uniformados y de civil, incluyendo civiles violentos que actúan como parapolicías, y que continúan atacando a cualquiera que se considere contrario al Gobierno de Ortega.
De acuerdo con la información, el Gobierno sandinista, a través de la Policía y los civiles armados, podrán detener arbitrariamente a manifestantes prodemocráticos, en especial a figuras de la oposición, incluidos clérigos, defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa.
También que evitarán que "ciertas personas" salgan de Nicaragua por aire o tierra, y hasta intentarán aprovecharse de la propiedad privada de los disidentes. Además, que buscarán "arbitrariamente en teléfonos personales y computadoras contenido antigubernamental" de los detenidos, y luego podrán ser acusados con cargos infundados de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado.
El Departamento de Estado de EE.UU. recordó que las manifestaciones opositoras han sido declaradas ilegales en Nicaragua desde septiembre de 2018, cinco meses después que estallara una rebelión cívica contra el Gobierno de Ortega, pero que, aún así, "han ocurrido".
El anunció del Departamento de Estado de EE.UU., coincide este viernes con un tiroteo ocurrido en un barrio céntrico de la capital de Nicaragua que dejó un muerto y al menos tres heridos, según informaron paramédicos de la Cruz Roja.
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El tiroteo ocurrió cerca de las 07.30 horas local (13.30 GMT) frente a la puerta de una tienda de conveniencia ubicada en el barrio Bello Horizonte, en el norte de Managua, que se caracteriza por sus múltiples establecimientos comerciales. Testigos del suceso identificaron al fallecido como Lesther Vallejos, de 38 años.
Hasta ahora la Policía de Nicaragua, cuyos agentes investigan el caso, no han brindado ningún reporte oficial, no obstante, medios del Gobierno informaron que la institución desconoce la identidad del agresor, quien huyó tras realizar los disparos.
Al menos dos personas fueron heridas en el cuello y otra en un hombro, durante el tiroteo, pero sus vidas no corren peligro, de acuerdo con el reporte de los paramédicos, quienes trasladaron a los lesionados al hospital Manolo Morales, de Managua. La balacera ocurrió durante una discusión entre el agresor y su víctima principal, informaron algunos testigos.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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