El cardenal de Nicaragua pide a la OEA dialogar con "gente de a pie" sobre la crisis
- Managua / EFE
En junio pasado la Asamblea General de la OEA emitió una resolución en la que ordenó que el Consejo Permanente "realice gestiones al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social".
En junio pasado la Asamblea General de la OEA emitió una resolución en la que ordenó, entre otras acciones, que el Consejo Permanente del organismo "realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua".
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, pidió este domingo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que establezca un diálogo con la "gente de a pie" del país, para contribuir a resolver la crisis sociopolítica local que ha dejado cientos de muertos en 15 meses.
Cardenal Leopoldo Brenes confía en comisión de la OEA para alcanzar la paz en Nicaragua.— El Nuevo Diario (@elnuevodiario) 1 de julio de 2019
"Que bajen a las bases, que bajen a los barrios, (para saber) cuál es el sentimiento de la gente de a pie, no de los que andan en camioneta o los que viajan, sino de aquella gente que está abajo, que los escuchen", dijo el religioso, a periodistas.
En junio pasado la Asamblea General de la OEA emitió una resolución en la que ordenó, entre otras acciones, que el Consejo Permanente del organismo "realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua".
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde el 18 de abril de 2018. Ciento de miles de personas han huido al exilio.
Hasta ahora se desconoce si el Consejo Permanente de la OEA, que según la resolución deberá rendir un informe de sus acciones en Nicaragua en septiembre próximo, tiene planificado viajar al país centroamericano como parte de sus acciones.
Brenes afirmó que, en caso de enviar una misión a Nicaragua, la OEA debería dialogar con todos los sectores.'
La CIDH ha señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes "de lesa humanidad". La OEA ha puesto en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por violación al orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.
"Si vienen, sería mi solicitud que platiquen con todos, pero manera especial con aquellos que siempre nos quedamos aquí", sostuvo el cardenal.
Desde el estallido social de abril de 2018 el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han intentado establecer un diálogo nacional para resolver la crisis en dos ocasiones, sin éxito.
El primer intento, establecido entre mayo y julio de 2018, lo rompió el Gobierno al violar un cese del fuego de policías y parapolicías contra civiles, y luego atacar a la iglesia Católica, que participaba como mediadora, tras lo cual fueron encarcelados los principales líderes opositores, entre ellos campesinos, estudiantes, profesionales y mujeres.
El segundo intento, entre febrero y abril pasado, lo rompió la Alianza Cívica, en protesta por el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, que se ha negado a liberar a todos los "presos políticos" y permitir la libertad de expresión y de prensa.
En el segundo diálogo las víctimas directas de la crisis, como son los familiares de los muertos, desaparecidos o "presos políticos", además de los campesinos, estudiantes, profesionales o mujeres, apenas fueron tomadas en cuenta por las partes.
En junio pasado la OEA mandó al Gobierno y a la Alianza a retomar las negociaciones, pero hasta ahora el Ejecutivo no ha dado una respuesta al respecto, y la oposición se niega a sentarse mientras continúe "la represión" contra personas que rechazan a Ortega, debido a los antecedentes del incumplimiento estatal.
La crisis ha dejado en Nicaragua a unas 326 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 200.
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