El Gobierno brasileño ordena la fiscalización de todas las represas mineras
Desde el día de la tragedia, el gobierno instaló un gabinete de crisis que ha hecho seguimiento de la situación en la región y ha estudiado cambios en la legislación relacionada con ese tipo de emprendimientos.
Recuperan varios cuerpos del área de la tragedia. FOTO/EFE
El Gobierno de Brasil ordenó la fiscalización de todas las represas de empresas mineras del país, tras la tragedia que causó la rotura de una de ellas en el municipio de Brumadinho, en Minas Gerais, que causó al menos 65 muertos, mientras 279 personas están desaparecidas.
De acuerdo con una resolución publicada este martes en el Diario Oficial, los organismos pertinentes tendrán que realizar la fiscalización "inmediata" en las represas bajo su jurisdicción y priorizar aquellas clasificadas como poseedoras de "daño potencial asociado alto" o con "riesgo alto".
Asimismo, ordena -también de forma inmediata- hacer auditorías a los procesos de fiscalización realizados en las represas y revisar la normatividad relacionada con la vigilancia de su seguridad.
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La resolución con las determinaciones de fiscalización sobre las represas fue publicada horas antes de la reunión ministerial convocada para este martes por el presidente de la República en ejercicio, Hamilton Mourao, para tratar los asuntos relacionados con la tragedia ocurrida hace cuatro días.
El viernes en la tarde una de las represas del gigante minero Vale, ubicada en una mina de hierro en la jurisdicción de Brumadinho, se rompió y un río con residuos minerales y lodo sepultó las instalaciones de la propia empresa y diversas viviendas en áreas rurales.
La tragedia se suma a la catástrofe ocurrida hace tres años cuando en el municipio de Mariena, también en Minas Gerais, ocurrió el derrumbe de un dique de la empresa Samarco, de la que Vale posee el 50%, que provocó la muerte de 19 personas y el mayor desastre medioambiental de la historia de Brasil.
Desde el día de la tragedia, el gobierno instaló un gabinete de crisis que ha hecho seguimiento de la situación en la región y ha estudiado cambios en la legislación relacionada con ese tipo de emprendimientos.
La Política Nacional de Seguridad de Represas fue creada en 2010 y prevé estándares de seguridad para reducir la posibilidad de accidentes en estos diques.
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Con el desastre de Mariana, hace tres años, varias propuestas fueron presentadas para actualizar el texto, pero el cambio de la ley aún no ha avanzado en el Congreso.
Por la tragedia, la empresa minera Vale, la mayor comercializadora de hierro del mundo, ha recibido dos multas: una del Instituto Brasileño de Medio Ambiente de 250 millones de reales ($67.5 millones) y otra del Gobierno de Minas Gerais de 99 millones de reales ($26.7 millones).
Además, desde el viernes la justicia ha bloqueado un total de 12.000 millones de reales (unos $3,180 millones) de las cuentas de la compañía para garantizar el pago de las indemnizaciones a las víctimas y las reparaciones ambientales y de los daños provocados.