El último testamento de Pinochet no desvela los herederos de su fortuna
- Bogotá
En el Tercer Juzgado Civil de Santiago se abrió este miércoles el último testamento de Pinochet, fallecido en diciembre de 2006, a petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que es parte querellante en la causa que investiga el origen de su patrimonio, que según los antecedentes del caso supera los 26 millones de dólares.
Ningún familiar del exdictador (1973-1990) asistió a la diligencia y solo estuvieron presentes una jueza, dos abogados del CDE, el notario Eduardo Avello, que guardaba el testamento, y dos amigos de la familia que en 2005 lo firmaron como testigos.
Al finalizar el trámite, el abogado del CDE lvaro Quintanilla explicó a los periodistas que el testamento de 2005 solo contiene un cambio de albacea y no hace ninguna mención a los herederos de los bienes de Pinochet.
"Lo que se hizo hoy fue la diligencia de apertura de un testamento que no contiene un llamamiento de herederos, sino simplemente la modificación del albacea o ejecutor testamentario por haber renunciado el anterior", dijo Quintanilla.
En el documento, de tan solo media página de extensión, el dictador nombró como albacea a la abogada Julia Hormazábal, tras la renuncia de óscar Aitken, acusado de participar, junto a Pinochet y otros miembros de su familia, en el "caso Riggs".
Este caso se abrió a mediados de 2004 cuando se descubrió que Pinochet mantenía numerosas cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras del exterior.
Al fallecer, el dictador estaba procesado en el "caso Riggs" por fraude al Fisco y uso de pasaportes falsos y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de caudales públicos.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado reconoció que el resultado de la apertura del último testamento no lo dejó "plenamente satisfecho" porque esperaba conocer los herederos de los bienes para continuar con la causa civil del caso.
El Consejo de Defensa del Estado solicitará ahora la apertura del anterior testamento de Pinochet, escrito el año 2000, en el que se supone que distribuyó sus pertenencias entre algunos miembros de su familia.
Las propiedades que se repartirán son casas en el barrio santiaguino de Lo Barnechea, una parcela en la localidad costera de Quintero, la finca costera "Los Boldos", donde fueron depositadas las cenizas del exdictador, una casa en "El Melocotón", en las afueras de Santiago, apartamentos en Reñaca, Iquique, Valparaíso y Santiago y tres automóviles.
Estos inmuebles están embargados por la Justicia, que además congeló 2,6 millones de dólares depositados en el Banco de Chile y vales vista de un banco estadounidense.
El abogado lvaro Quintanilla recordó que la responsabilidad penal de Pinochet en este caso terminó con su muerte, pero las obligaciones civiles se transmiten a los herederos de sus bienes.
En ese sentido, para el letrado resulta fundamental saber cómo repartió Pinochet su herencia para poder incluir estos bienes en futuras indemnizaciones o condenas para restituir el patrimonio del Estado.
Quintanilla rechazó también las declaraciones de Lucía Pinochet Hiriart, la hija mayor del dictador, quien ayer atribuyó la apertura del testamento de su padre a una "persecución política".
El abogado replicó que el CDE actúa de un modo "profesional y técnico" y se ciñe a lo establecido en la Constitución y la ley.
Las críticas del clan Pinochet llegaron hoy de parte de Augusto Pinochet Molina, uno de los nietos del dictador, quien consideró que la apertura del testamento es una "artimaña" para dañar su imagen.
"Yo veo que la figura de mi abuelo está cada día más alta en términos de la población general y al mundo político eso no le parece muy bueno, entonces ocupan todas estas artimañas para mantener una imagen negativa", dijo a Radio Cooperativa.
Por su parte, la abogada Carmen Hertz, quien ejerció de acusación particular contra Pinochet, aseguró que el testamento del dictador "no arrojará ninguna sorpresa" y no servirá para calcular la fortuna que amasó durante el régimen militar.
"Nunca la sociedad sabrá cuál es el origen del enriquecimiento ilícito de Pinochet ni la cuantía real", dijo a Efe la abogada, quien denunció que el general recibió sobornos y dinero por la venta de armamento militar cuyo paradero se desconoce.
Además, consideró que la causa judicial está "paralizada" desde que "apartaron" del caso al juez especial Carlos Cerda, quien fue reemplazado en octubre de 2008 por Manuel Valderrama.
"Todo quedará en la impunidad. Los poderes que han protegido a Pinochet siempre siguieron operando con sus parientes", lamentó Hertz.
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