Ernesto Samper niega soborno de cartel de Cali
Publicado 2005/03/18 00:00:00
- Manila
El ex mandatario, miembro del Partido Liberal, estuvo involucrado en un narco escándalo en 1994.
EL EX presidente Ernesto Samper rechazó ayer las acusaciones de un fiscal estadounidense que aseguró que él y congresistas colombianos recibieron sobornos del cartel de Cali para restringir la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.
Paul Pérez, fiscal de Tampa en La Florida, que lleva un caso sobre el narcotraficante colombiano Joaquín Mario Valencia, indicó que "presentará testimonio de que el cartel de Cali... recogió cinco millones de dólares para pagarle al presidente Samper" con el fin de respaldar la norma constitucional que prohíbe juzgar a extraditables colombianos por delitos anteriores a 1997.
"Rechazo de manera categórica, y absoluta la acusación presentada en el día de ayer por un fiscal de la Florida", dijo el ex presidente Samper (1994-1998) en una declaración entregada a la AP.
El ex mandatario recordó que bajo su gobierno en 1995 se detuvo a los jefes del cartel de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, ahora enjuiciados en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de activos.
También precisó que fue su gobierno el que solicitó al Congreso y luego a la Corte Constitucional que se restableciera la ley de extradición en 1997 sin condicionamientos, pero una decisión legislativa determinó excluir los delitos cometidos por colombianos antes a ese año para su juzgamiento en el exterior.
Sin embargo, el fiscal Pérez sostiene que también los congresistas de la época recibieron sobornos para "inmunizar" a los miembros de cartel de Cali de la extradición, al evitar que fuera retroactiva.
La declaración del fiscal estadounidense está contenida en un documento de respuesta a Valencia, quien fue extraditado el año pasado a Estados Unidos por contrabando de cocaína y lavado de dinero.
El fiscal argumenta que el tratado de extradición no impide presentar evidencia en el juicio Valencia sobre crímenes anteriores a 1997.
Samper aclaró que esta norma, consagrada en el artículo 35 de la Constitución, ya no puede ser ignorada por "por parte de un funcionario extranjero", porque "constituye una seria afrenta contra el Estado de Derecho colombiano".
El presidente Alvaro Uribe manifestó ayer que no puede referirse a este asunto hasta que tenga un informe oficial del gobierno de los Estados Unidos. Agregó que el asunto debe tratarse por canales diplomáticos.
Paul Pérez, fiscal de Tampa en La Florida, que lleva un caso sobre el narcotraficante colombiano Joaquín Mario Valencia, indicó que "presentará testimonio de que el cartel de Cali... recogió cinco millones de dólares para pagarle al presidente Samper" con el fin de respaldar la norma constitucional que prohíbe juzgar a extraditables colombianos por delitos anteriores a 1997.
"Rechazo de manera categórica, y absoluta la acusación presentada en el día de ayer por un fiscal de la Florida", dijo el ex presidente Samper (1994-1998) en una declaración entregada a la AP.
El ex mandatario recordó que bajo su gobierno en 1995 se detuvo a los jefes del cartel de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, ahora enjuiciados en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de activos.
También precisó que fue su gobierno el que solicitó al Congreso y luego a la Corte Constitucional que se restableciera la ley de extradición en 1997 sin condicionamientos, pero una decisión legislativa determinó excluir los delitos cometidos por colombianos antes a ese año para su juzgamiento en el exterior.
Sin embargo, el fiscal Pérez sostiene que también los congresistas de la época recibieron sobornos para "inmunizar" a los miembros de cartel de Cali de la extradición, al evitar que fuera retroactiva.
La declaración del fiscal estadounidense está contenida en un documento de respuesta a Valencia, quien fue extraditado el año pasado a Estados Unidos por contrabando de cocaína y lavado de dinero.
El fiscal argumenta que el tratado de extradición no impide presentar evidencia en el juicio Valencia sobre crímenes anteriores a 1997.
Samper aclaró que esta norma, consagrada en el artículo 35 de la Constitución, ya no puede ser ignorada por "por parte de un funcionario extranjero", porque "constituye una seria afrenta contra el Estado de Derecho colombiano".
El presidente Alvaro Uribe manifestó ayer que no puede referirse a este asunto hasta que tenga un informe oficial del gobierno de los Estados Unidos. Agregó que el asunto debe tratarse por canales diplomáticos.
Samper fue acusado en 1994 de haber recibido $5 millones del cartel de Cali para financiar la campaña que lo llevó a la Presidencia. Pero luego fue absuelto por el Congreso.
Su entonces ministro de Defensa Fernando Botero y algunos de sus aliados en el Congreso fueron condenados por la justicia. En esa época, Estados Unidos le quitó la visa a Samper.
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