Imponen 30 años de cárcel a coronel por desapariciones en Palacio de Justicia

 Una jueza de la capital colombiana condenó hoy a treinta años de prisión a Alfonso Plazas, coronel en retiro del Ejército Nacional enjuiciado por la desaparición en 1985 de diez civiles en el destruido Palacio de Justicia en Bogotá.

La sentencia fue proferida por la titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, María Stella Jara, que la anunció en ausencia de Plazas, que permanece bajo detención en el Hospital Militar Central, informaron los defensores de los familiares de las víctimas.

En el hospital, Plazas se recupera de unos problemas psíquicos que le causaron las diligencias judiciales; sin embargo, la defensa de los familiares de los desaparecidos afirma que dichos trastornos son una justificación del militar para evadir su ingreso en prisión.

El abogado Jorge Molano, del grupo de apoderados de los familiares de las víctimas, dijo a la prensa que la jueza condenó al oficial en retiro por el cargo de "desaparición forzada agravada".

La funcionaria también ordenó la entrega de su fallo a las instancias competentes para que investiguen al presidente de entonces, el conservador Belisario Betancur (1982-1986), lo mismo que a quienes por la época ejercían las jerarquías de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Con la sentencia, la jueza dio credibilidad a las conclusiones de la investigación de la Fiscalía General, que obtuvo pruebas y testimonios sobre la salida con vida de quienes fueron desaparecidos de manera forzada, y también acogió la petición de esta entidad de que se condenara a Plazas.

"Es algo que contribuye al esclarecimiento de la verdad y de la justicia", destacó el abogado, para quien el emitido por esta funcionaria "es un fallo de carácter trascendente".

Plazas, que por la época de los hechos dirigía una escuela militar de caballería en Bogotá, fue responsabilizado de la desaparición de diez civiles, entre visitantes y empleados de la cafetería del Palacio de Justicia.

Las víctimas son Carlos Augusto Rodríguez, Cristina del Pilar Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela, Norma Constanza Esguerra y Gloria Anzola.

Los diez, más otro desaparecido cuyos restos fueron hallados posteriormente, hacían parte de los varios centenares de personas que se hallaban en la sede judicial el 6 de noviembre de 1985, cuando la desaparecida guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó la edificación.

Unos cuarenta rebeldes conformaron el grupo que se tomó el edificio, con el objetivo de someter a un juicio político a Betancur.

La acción guerrillera terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Además de los destrozos causados por el uso de armas pesadas movilizadas por las tropas, la sede judicial fue consumida por un incendio.

"La Administración de Justicia ha sentenciado que así no se defiende la democracia", expresó Molano en alusión a la célebre respuesta de Plazas a la prensa de que con la operación de retoma del Palacio de Justicia estaba "defendiendo la democracia".

El jurista, que pertenece a la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dijo que solicitará a las autoridades judiciales que trasladen a Plazas a una prisión.

"Es claro conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que los responsables de este crimen de lesa humanidad, no pueden recibir ningún tipo de beneficio", advirtió Germán Romero, del mismo grupo de defensores.

Plazas es uno de los cinco militares en retiro o aún activos que fueron vinculados con el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia en Bogotá, pero el primero en ser condenado