La falta de voluntad política impide la reconstrucción en Ciudad de México

Un año después del fuerte sismo del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1, la reconstrucción de edificios dañados en la Ciudad de México apenas ha avanzado a pesar de los recursos económicos disponibles, por la falta de voluntad política y transparencia.

Sin datos oficiales de los inmuebles afectados y enfrentados a un pesado proceso burocrático, miles de damnificados, algunos todavía viviendo en la calle, sufren la incertidumbre de no saber qué pasará con sus viviendas.

"La prioridad número uno de la reconstrucción de viviendas no ha sido atendida y hasta ahora desconocemos el destino de los recursos económicos", dijo Vania Salgado, damnificada e integrante de la organización Nosotrxs.

Según el recuento de esta organización se han aprobado 47 proyectos con una asignación total de 14,684 millones de pesos (unos $765 millones), autorizados por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

De este monto, $457 millones eran para acciones de reconstrucción, recuperación, transparencia y transformación de la Ciudad de México, pero hasta ahora "no hay claridad sobre cómo se han utilizado esos recursos", dijo Salgado.

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Ante tal cantidad de dinero, la coordinadora de Reconstrucción Transparente del colectivo dijo que la organización propuso al Gobierno mexicano la creación de un fondo único para la reconstrucción para que todas las aportaciones internacionales y los recursos públicos y privados se concentrarán en un solo fideicomiso.

El fondo único "era un mecanismo financiero de mejor transparencia para un mejor seguimiento en el uso de los recursos, su origen y destino", pero el problema llegó cuando los recursos se destinaron a dependencias y delegaciones locales y "la información empezó a no ser clara".

Salgado señaló que, según la Secretaría de Finanzas, de 43 acciones autorizadas por la Comisión para la Reconstrucción (hasta el 4 de julio) equivalentes a 6,017 millones de pesos (unos $313 millones) sólo se comprobó la ejecución de $14.9 millones.

Dijo que los recursos se autorizaron, "pero ello no significa que estén realmente ejercidos", además de que no saben cómo se están gastando.

Es probable, agregó, que haya un monto disponible de entre 1,400 y 1,900 millones de pesos (entre $72 y $98 millones) pero "no hay nada publicado" oficialmente por las autoridades.

La representante cuestionó por qué el dinero disponible "no se destina al asunto más urgente que es la reconstrucción de viviendas".

Doce meses después del sismo, la reconstrucción se ha iniciado "en pocos edificios y miles de personas siguen viviendo en condiciones precarias, literalmente en la calle y sin conocer el diagnóstico de sus edificios".

Agregó que la responsabilidad de las autoridades es importante y calificó de "gravísimo" que un año después de la tragedia todavía no se sepa "qué edificios están bajo riesgo".

Es el caso de Esperanza Delgado Buendía, quien vive con miedo bajo su casa de toda la vida, en la delegación de Iztapalapa.

Su vivienda fue declarada en "rojo" (daño total) por las autoridades, pero apenas recibió durante tres meses una ayuda económica, explicó.

"Que nos den una solución, si a mí me dijeron en rojo que me digan qué sigue, si me van a apoyar o me van a tirar lo que tengo mal (en la casa)", añadió.

Salgado aseguró que los requisitos solicitados a los damnificados "son muy complicados" y que es "muy difícil y muy raro" que en Ciudad de México no existan problemas con los títulos de propiedad.

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Con el sismo "nos dimos cuenta de que hay personas con contratos de compra pero no escrituras y todo ello requiere procesos legales" que han sido engorrosos.

Y precisó que el fideicomiso para la reconstrucción de viviendas no incluye casas unifamililares y solo atiende edificios multifamiliares, por lo que "una casa no tiene derecho a acceder a recursos públicos".

Con 12 meses viviendo con la incertidumbre sobre la aplicación de los recursos, el escenario que se presenta es el de un posible subejercicio de los recursos y que las autoridades, que serán renovadas como resultado de los comicios del 1 de julio, dejen sus cargos sin haber utilizado un dinero que fue asignado, de manera oficial, desde diciembre de 2017.