Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), publicada este domingo, arroja luz sobre cómo Pekín gestiona los campos de internamiento en la provincia de Xinjiang, donde residen minorías musulmanas, y la forma en que vigila a la población.

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Los llamados Cables de China ofrecen detalles sobre "el internamiento masivo más grande de una minoría étnica religiosa" desde la II Guerra Mundial, explica el ICIJ.

China se defiende

Ante estas acusaciones, China se ha defendido en declaraciones al diario The Guardian, uno de los medios internacionales que han colaborado con el ICIJ, y ha tachado los documentos filtrados de "pura invención y noticias falsas".

La Embajada de China en Londres ha negado a The Guardian la existencia de "los llamados campos de detención" en Xinjiang y ha asegurado que "los centros de capacitación y educación vocacional se han establecido para evitar el terrorismo.'

Esta represión se enmarca en los esfuerzos del presidente chino, Xi Jinping, por promover el nacionalismo "han", la etnia mayoritaria en China, como fuerza unificadora del país y suprimir otras identidades que puedan suponer un peligro para la hegemonía del Partido Comunista.

El estudio se basa en una serie de documentos confidenciales que hasta ahora no habían sido publicados, donde se muestra cómo China administra los campos de detención para los uigures y otras minorías étnicas musulmanas en Xinjiang (noroeste).

En la investigación han colaborado 17 medios de comunicación de 14 países, como The Guardian (el Reino Unido), El País (España), Le Monde (Francia) y The New York Times (EE.UU.)

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La represión de los uigures en China

Los uigures son una minoría túrquica predominantemente musulmana, de los que cerca de 11 millones viven en Xinjiang.

En los últimos años, el Gobierno chino ha lanzado una campaña de represión contra esta y otras minorías de esa provincia, que incluye detenciones masivas y un proceso de asimilación forzosa, argumentando que es necesario para evitar el terrorismo y el extremismo islámico.

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Los documentos de los cables de China

El ICIJ ha tenido acceso a documentos confidenciales con información sobre las políticas oficiales en los centros de detención en Xinjian, a través de uigures en el exilio.

Esos archivos incluyen un manual de 2017 dirigido al personal que gestiona los campos de internamiento, con protocolos de seguridad, métodos para vigilar a los detenidos y los criterios para su liberación.

También hay cuatro circulares de los servicios de Inteligencia, conocidos como boletines, que marcan las políticas para identificar y apresar a los ciudadanos de Xinjiang susceptibles de ser detenidos.

Hay además escritos judiciales sobre el caso de un hombre musulmán en la provincia sentenciado a diez años de prisión por defender prácticas islámicas. Entre otros cargos, fue condenado por decirles a sus compañeros de trabajo que no vieran pornografía.

Hallazgos en los cables de China

La investigación confirma los planes operativos de China sobre los centros de internamiento en Xinjiang y los mecanismos de su sistema de vigilancia a la población de esta provincia.

En el manual para el personal de los centros de internamiento, se aprecia un plan para el internamiento masivo de la población, indica ICIJ. En ese documento se hace referencia a los internos utilizando la palabra "estudiantes" y se enumeran los requisitos que tiene que cumplir para "graduarse", es decir, ser liberados.

Se hace hincapié en la importancia de que los guardianes eviten "fugas" y para ello establece el uso de puestos de control, patrullas, vigilancia con cámaras y alarmas.

El manual estipula que los internos deben permanecer en esos campos por lo menos un año, algo que no siempre se cumple, de acuerdo a algunos exdetenidos consultados por ICIJ.

Además, desvela un sistema de control, con el que se evalúa a los prisioneros en base a su "transformación ideológica, estudio y entrenamiento, y cumplimiento con la disciplina".

Un gran hermano tecnológico

Los "boletines" a los que ha tenido acceso ICIJ muestran el empleo de un programa chino, denominado Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas, para recopilar datos personales de los habitantes de Xinjiang a través de distintas fuentes, para luego aplicar inteligencia artificial con el fin de elaborar listas de sospechosos en base a esas informaciones.

Los documentos enseñan, asimismo, por primera vez cómo las autoridades chinas consideran como sospechosos a ciudadanos por acciones como utilizar la popular red social Zapya, que permite compartir contenidos sin conexión a internet.