Recuerdan a ‘falsos positivos’ en Colombia y piden justicia

Bogotá / EFE DATOS RELEVANTES DEL HECHO 3500 son las ejecuciones extrajudiciales contadas por algunas Organizaciones No Gubernamentales.

19 jóvenes dejaron sus casas en enero de 2007 para trabajar, pasados ocho meses aparecen muertos.

15 madres del grupo “Madres de Soacha” han sido amenazadas y hostigadas.

Las “Madres de Soacha” recordaron la muerte de 19 jóvenes a manos de militares hace cuatro años, lo que dio comienzo en Colombia a las investigaciones por los llamados “falsos positivos”.

Centenares de personas acompañaron a las progenitoras de las víctimas, entre ellas músicos, actores de teatro, estudiantes y miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Las madres convocaron a la concentración en el Parque La Despensa, de Soacha, localidad vecina a Bogotá.

Junto con las “Madres de Soacha” estuvieron presentes familiares de otras víctimas de Ciudad Bolívar --un sector de barrios pobres de las colinas del sector este de Bogotá-- que también cayeron en esas “operaciones” de los uniformados.

Como “falsos positivos” son conocidos en Colombia los casos de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes reclutados con promesas de trabajo.

Desde 2008, las “Madres de Soacha” han liderado una batalla jurídica para que las ejecuciones de sus hijos no queden impunes.

Luz Marina Bernal, una de las “madres de Soacha”, progenitora de Fair Leonardo Porras Bernal, un joven especial, dada su deficiencia mental, dijo que la concentración buscaba “recordar al país que esos crímenes del Ejército no se olvidan, y para exigir justicia”.

Según Bernal, hay inquietud en el colectivo por cuanto solo hay una condena, que ha sido apelada, y por cuanto el principal inductor de la matanza, en el caso de su hijo, un mayor del Ejército, “está evadido”.

Además de Porras, la Justicia únicamente ha condenado a un coronel, a un teniente, a un sargento y a seis soldados como los autores materiales de los casos de los jóvenes Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, con sentencias entre los 35 y los 60 años de prisión.

“La preocupación como madres es que en este proceso queremos pedir a los jueces y a la fiscalía que se reconozca que en las filas de las Fuerzas Armadas, en el Ejército, sí existe un concierto para delinquir”, indicó Bernal.