Se espera inicio de juicio a periodistas acusados de terrorismo en Nicaragua
- Managua / EFE
Los periodistas permanecen detenidos desde el 21 de diciembre pasado bajo un régimen que incluye aislamiento y no tener acceso a la luz solar, atención médica ni servicio continuo de agua.
El juicio por terrorismo a dos periodistas críticos del Gobierno de Nicaragua, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, comenzará este lunes tras dos aplazamientos y teniendo como telón de fondo el compromiso gubernamental de liberar a los "presos políticos", los detenidos durante crisis que estalló hace más de un año.
El lunes comienza en Nicaragua el juicio contra los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora quienes están injustamente detenidos desde diciembre.
¿Donde quedó la promesa del régimen de liberar a los presos políticos?https://t.co/o75QrWreqG— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 27 de abril de 2019
Mora es el propietario del canal 100 % Noticias y Pineda, jefa de prensa de dicho medio con doble nacionalidad nicaragüense y costarricense.
Los periodistas permanecen detenidos desde el 21 de diciembre pasado bajo un régimen que incluye aislamiento y no tener acceso a la luz solar, atención médica ni servicio continuo de agua potable, ha denunciado su abogado, Julio Montenegro.
Ambos acudirán este lunes al Complejo Judicial de Managua para enfrentar cargos por "fomentar e incitar al odio y la violencia" y "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas".
Este juicio, que ya fue suspendido el 18 de febrero y el 18 de marzo pasados, ha sido calificado por diversos sectores como un golpe a la libertad de prensa y una supuesta prueba más de que el Gobierno de no admite críticas hacia el presidente Daniel Ortega.
Las suspensiones del juicio coincidieron con los preparativos y desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, del 27 de febrero pasado al 3 de abril, para encontrar una solución a la crisis.'
Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, desde el estallido social del 18 de abril de 2018 se han producido al menos 1.080 violaciones hacia la libertad de prensa en Nicaragua, en su mayoría a cargo del Gobierno o grupos de personas oficialistas. La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos, según la CIDH, aunque algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, mientras que Ortega solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Según la oposición, a la par de las negociaciones fueron suspendidos los juicios contra 809 "presos políticos", a los que el Gobierno prometió libertad absoluta a más tardar el 20 de junio.
Adicionalmente el Gobierno de Ortega, que reconoce 468 "presos políticos", firmó el 29 de marzo un compromiso con la Alianza para liberar ese mismo día a todos los manifestantes presos, pero hasta ahora únicamente ha brindado régimen de convivencia familiar a 236.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, defensor de los periodistas Mora y Pineda, ha cuestionado los juicios contra todos los "presos políticos" en el contexto de las negociaciones.
Según Montenegro, las causas contra Mora, Pineda y resto de reos "políticos" deberían ser anuladas, ya que carecen de "razón fundada", pero además, porque no tiene sentido juzgarlos cuando hay un proceso de negociación que va a prevalecer sobre la decisión del juez.
Costa Rica, que insiste en la libertad de Pineda, ha formulado más de una decena de solicitudes para prestar asistencia consular a la periodista, sin recibir respuesta por parte del Gobierno de Nicaragua.
Desde la captura, el Gobierno mantiene ocupado el edificio de 100 % Noticias, que fue retirado del menú de televisión por suscripción por orden del estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
El operativo contra los periodistas ocurrió el mismo día en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un ente tutelado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó en Washington un informe sobre la crisis de Nicaragua, en el que señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos "de lesa humanidad".
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