112 abogados buscan una de las cinco vacantes en la Corte

Con 112 aspirantes cerró ayer el periodo de postulaciones para los cinco cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Estos profesionales del Derecho aspiran a ocupar los tres puestos en la Sala Constitucional, mejor conocida como Sala Quinta, y los dos que quedarán vacantes el 31 de diciembre.

Estos últimos cargos corresponden actualmente a los magistrados Winston Spadafora, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y Alberto Cigarruista, de la Sala Primera de lo Civil.

La secretaria ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, Ana Belfon, informó que “por disposición constitucional, una de las funciones del Consejo de Gabinete consiste en acordar, con el presidente de la República, los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de sus respectivos suplentes con sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional”.

Agregó que la lista de los aspirantes aumentó en su último día pues, hasta el pasado viernes 9 de septiembre, solo 71 personas habían presentado sus documentos respectivos.

Sociedad civil en alerta.
La escogencia de estos cinco magistrados ha sido criticada por la sociedad civil, que exige transparencia; incluso, que se posponga la elección de los tres magistrados de la Sala Quinta.

Esto, debido a que en las últimas designaciones se ha ignorado lo establecido en el Pacto de Estado por la Justicia, que incluía la participación de la sociedad civil para analizar cada una de las hojas de vida de los candidatos y sugerir al Ejecutivo un listado de elegibles.

Carlos Lee, de la Asamblea Ciudadana, señaló que el Ejecutivo ha ignorado lo que se acordó en el Pacto de Estado por la Justicia y existe temor que estos nombramientos sean politizados.

Agregó que se ha excluido a la sociedad civil de los análisis de las personas y que el Ejecutivo solo verificará los requisitos, pero no profundizará.

Mientras tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, manifestó que es respetuoso de las reglas del juego, que consiste en que el Ejecutivo designe a los magistrados, y la Asamblea los ratifique.

Sin embargo, resaltó que para optimizar las nominaciones se debe elegir a los mejores profesionales del Derecho, especialistas en el área que laborarán, con un alto nivel de ética, una gran trayectoria y, sobre todo, con independencia.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, Ruiloba señaló que sería bueno que participaran en la selección.