La Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, advirtió ayer que el Estado panameño corre el peligro de ser demandado justificadamente de violarse la ley que regula el campo de la telefonía celular.
Puntualizó que la Asamblea Legislativa debe ser cuidadosa y valorar si puede legislar sobre un aspecto que ya está contenido en un contrato, que es ley entre el Estado y la empresa.
"Si hay una contratación entre el Estado y una empresa, esto es ley entre las partes, y si por alguna razón se viola, la empresa o persona afectada tiene derecho a recurrir a los recursos que la ley le permite", acotó la Procuradora.
Explicó que cuando el Estado otorga una concesión, las normas que rigen la relación están definidas en el contrato y cuando la empresa reclama la posibilidad de una demanda hay que esperar primero a que se concrete la causa de la demanda.
Sentenció que esto tendrá que ser estudiado con cuidado por la Asamblea para no correrse el riesgo de que la demanda contra el Estado panameño sea justificada y prospere ante los tribunales internacionales.
Las declaraciones de la Procuradora de la Administración surgen a raíz de la advertencia efectuada por las empresas telefónicas Cable and Wireless y Bell South sobre la posibilidad de interponer demandas ante tribunales internacionales en contra del Estado panameño de permitirse que a empresas que posean licencia comercial tipo B, el uso de ciertos equipos, programación y tecnología para explotar servicios tipo A, como la telefonía celular.
Esta autorización se lograría mediante una modificación al artículo 36 de la Ley 31 de 1996, que regula el campo de telefonía celular en Panamá.
De aprobarse esta modificación, cualquier empresa podría desarrollar el servicio de telefonía celular sin haber efectuado ningún pago al Estado por este derecho.
De acuerdo con el secretario general de la Junta Directiva de Cable & Wireless, Carlos Cordero, se trata de obligaciones contractuales que Panamá violaría, afectando la imagen al país y expondría al Estado a responsabilidades civiles y a demandas por cientos de millones de dólares.
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