CEDAW, una herramienta para la mujer discriminada

Toda mujer que sienta que sus derechos humanos han sido violentados en algún momento, y que considere que los órganos del sistema de justicia del país no le den respuesta, cuenta con un instrumento legal internacionalmente reconocido al que puede recurrir para presentar demandas y denuncias.
Maritza Herrera, directora ejecutiva del Centro para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), reconoció que en Panamá existen discriminaciones evidentes contra la mujer, por lo que el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), es una herramienta valiosa para superar estos obstáculos.
El protocolo fue sancionado por la presidenta Mireya Moscoso y convertido en Ley No. 17 el 28 de marzo de este año.
Según Herrera, una de las discriminaciones que ocurren en Panamá son los anuncios y ofertas de trabajo que a diario aparecen en los medios de comunicación, donde se solicita mujeres jóvenes, de no más de 30 años, con buena apariencia o presencia.
Considera que la buena apariencia y presencia, el ser de tez blanca, negra, de contextura gorda o delgada, son requerimientos que no tienen por qué vincularse con la formación y capacidad de una persona, en este caso la mujer.
Según la directora ejecutiva del CEDEM, otra forma de discriminación hacia la mujer en Panamá, es la solicitud de prueba de embarazo antes de entrar a un trabajo.
"Los despidos injustificados que se dan tanto en el gobierno como en la empresa privada, atentan igualmente contra los derechos humanos", afirmó la educadora.
En diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el protocolo, que ha sido ratificado por 23 estados, el que generó un esfuerzo internacional para que otros países lo acojan.
Básicamente este protocolo busca crear una instancia internacional para recibir las denuncias y violaciones que por derecho amparan el género femenino y que tiene la fuerza para lograr sanciones contra el Estado que lo incumpla.
La convención tiene la facultad de investigar, juzgar y sancionar las denuncias presentadas, las que podrán ser interpuestas a través de abogados, de organizaciones no gubernamentales y de entidades defensoras de los derechos humanos.
Otro punto que detalla la convención es velar por que las autoridades se abstengan de incurrir en actos que atenten contra el sexo femenino. Igualmente, solicita la derogación de disposiciones penales que discriminen a la mujer.
La adopción de medidas legales que supriman la explotación y la trata de blancas, es otro de las peticiones incluidas en el documento internacional.
Una fuente especializada en el tema de género indicó que ante la falta de justicia hacia las mujeres del mundo y lo inadecuado de los mecanismos de protección, el protocolo se constituye en un ente vigilante, más que en una instancia auxiliar.