Contadores públicos objetan proyecto de decreto que reglamenta la profesión
Publicado 2000/03/06 00:00:00
- Redacción / Contacto
El Movimiento de Contadores Públicos Independientes solicitó al Ministro de Comercio e Industrias (MICI), Joaquín Jácome, que no apruebe un proyecto de Decreto Ejecutivo mediante el cual se definen y reglamentan algunos conceptos técnicos de la profesión de la contabilidad, cuya consulta inicio su despacho, porque esto sería "ilegal e inconstitucional".
Asimismo exhortaron a las asociaciones de profesionales de la Contabilidad, para que cumplan su obligación legal de constituir y poner a funcionar la Comisión de Normas de Contabilidad de Panamá (CNOCOFIN) y la Comisión de Normas de Auditoría de Panamá (CONAUDI).
En un comunicado, que lleva la firma de Robustiano Puyol, presidente del gremio, explica que el MICI inició consultas con algunos sectores sobre la viabilidad y el contenido de un proyecto de decreto ejecutivo que define y reglamenta algunos conceptos técnicos de la profesión de la contabilidad, como son los principios básicos de contabilidad, estados financieros básicos y las normas de Contabilidad Financiera.
Puyol explica el ordenamiento jurídico nacional establece que le corresponde a la Comisión de Normas de Contabilidad Financiera de Panamá (CNOCOFIN) la función privativa de "estudiar los requerimientos y los problemas técnicos de la Contabilidad y emitir las normas de Contabilidad Financiera para la práctica profesional de la contabilidad en la República y pronunciarse sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Agrega que además existen legislaciones especiales que establecen entes reguladores de algunos sectores económicos, como so la banca, valores, seguros y financieras, lo cuales tienen competencia para requerir a sus respectivos entes fiscalizadores el cumplimiento de las normas técnicas de contabilidad y de auditoría que consideren necesarios para su sector.
Indica además que la Constitución Política Nacional, en su artículo 40, no permite que las profesiones liberales y los oficios sean objetos de principios, normas o procedimientos técnicos, que sean aprobados mediante Ley o cualquier otro instrumento de carácter oficial.
Esta norma se basa en el principio que respeta la libertad y la autonomía científica y técnica que tienen todas las profesiones y los oficios para definir sus propios principios y para regularse en los aspectos técnicos que han de regir cada una de sus prácticas profesionales.
El Movimiento de Contadores Públicos Independientes considera que si se llega a emitir un Decreto Ejecutivo u otro instrumento jurídico como lo fue la Resolución No. 4 del 10 de febrero de 1998, emitida por la Junta Técnica de Contabilidad para "adoptar" las normas de contabilidad que deben regir en Panamá, a pesar que esta función le corresponde a CNOCOFIN, se estaría actuando al margen de la Ley, y, consecuentemente, el país entraría en una situación de inseguridad jurídica en lo relativo a la Contabilidad.
Además, serían inevitables, los riesgos inmediatos de demandas por parte de los comerciantes y otros afectados por las medidas impuestas ilegal e inconstitucionalmente, y por parte del gremio de contadores públicos interesados en que se respete la Constitución y la Ley.
En su comunicado los contadores públicos independientes instan a las otras asociaciones de profesionales, a reunirse de inmediato con el fin de poner a funcionar las dos comisiones técnicas y proporcionar, con urgencia, las respuestas técnicas que en materia de contabilidad y auditoría, está exigiendo la contabilidad nacional e internacional.
Igualmente exhortaron a las otras profesiones y oficios para que presten atención al problema que su gremio está denunciando y que hoy los está llevando a luchar contra iniciativas gubernativas que atenten contra la libertad y la autonomía doctrinaria y técnica que tienen todas las profesiones liberales y los oficios.
Asimismo exhortaron a las asociaciones de profesionales de la Contabilidad, para que cumplan su obligación legal de constituir y poner a funcionar la Comisión de Normas de Contabilidad de Panamá (CNOCOFIN) y la Comisión de Normas de Auditoría de Panamá (CONAUDI).
En un comunicado, que lleva la firma de Robustiano Puyol, presidente del gremio, explica que el MICI inició consultas con algunos sectores sobre la viabilidad y el contenido de un proyecto de decreto ejecutivo que define y reglamenta algunos conceptos técnicos de la profesión de la contabilidad, como son los principios básicos de contabilidad, estados financieros básicos y las normas de Contabilidad Financiera.
Puyol explica el ordenamiento jurídico nacional establece que le corresponde a la Comisión de Normas de Contabilidad Financiera de Panamá (CNOCOFIN) la función privativa de "estudiar los requerimientos y los problemas técnicos de la Contabilidad y emitir las normas de Contabilidad Financiera para la práctica profesional de la contabilidad en la República y pronunciarse sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Agrega que además existen legislaciones especiales que establecen entes reguladores de algunos sectores económicos, como so la banca, valores, seguros y financieras, lo cuales tienen competencia para requerir a sus respectivos entes fiscalizadores el cumplimiento de las normas técnicas de contabilidad y de auditoría que consideren necesarios para su sector.
Indica además que la Constitución Política Nacional, en su artículo 40, no permite que las profesiones liberales y los oficios sean objetos de principios, normas o procedimientos técnicos, que sean aprobados mediante Ley o cualquier otro instrumento de carácter oficial.
Esta norma se basa en el principio que respeta la libertad y la autonomía científica y técnica que tienen todas las profesiones y los oficios para definir sus propios principios y para regularse en los aspectos técnicos que han de regir cada una de sus prácticas profesionales.
El Movimiento de Contadores Públicos Independientes considera que si se llega a emitir un Decreto Ejecutivo u otro instrumento jurídico como lo fue la Resolución No. 4 del 10 de febrero de 1998, emitida por la Junta Técnica de Contabilidad para "adoptar" las normas de contabilidad que deben regir en Panamá, a pesar que esta función le corresponde a CNOCOFIN, se estaría actuando al margen de la Ley, y, consecuentemente, el país entraría en una situación de inseguridad jurídica en lo relativo a la Contabilidad.
Además, serían inevitables, los riesgos inmediatos de demandas por parte de los comerciantes y otros afectados por las medidas impuestas ilegal e inconstitucionalmente, y por parte del gremio de contadores públicos interesados en que se respete la Constitución y la Ley.
En su comunicado los contadores públicos independientes instan a las otras asociaciones de profesionales, a reunirse de inmediato con el fin de poner a funcionar las dos comisiones técnicas y proporcionar, con urgencia, las respuestas técnicas que en materia de contabilidad y auditoría, está exigiendo la contabilidad nacional e internacional.
Igualmente exhortaron a las otras profesiones y oficios para que presten atención al problema que su gremio está denunciando y que hoy los está llevando a luchar contra iniciativas gubernativas que atenten contra la libertad y la autonomía doctrinaria y técnica que tienen todas las profesiones liberales y los oficios.
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