emiten fallo por querella de supuesto delito contra la administración pública
Corte archiva denuncias contra José Raúl Mulino y la alcaldesa Méndez
El pasado 19 de agosto, el pleno de la Corte tomó la decisión, pero no fue hasta el miércoles pasado cuando fue informada. La queja fue por abuso de autoridad en la presentación de un proyecto de ley.
- sindicatos y asociaciones interpusieron la demanda contra los funcionarios.
El pleno de la Corte Suprema desestimó una querella contra el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, por abuso de autoridad, y la alcaldesa de Panamá, Roxana Méndez, por omisión de funciones cuando estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno.
El fallo por la querella en contra de ambos funcionarios fue tomado el pasado 19 de agosto, sin embargo, fue informado el miércoles 18 de septiembre y consiste en la desestimación y archivo de la demanda interpuesta por Rafael Benavides, en representación de un grupo de sindicatos de trabajadores y docentes que sustentaron la demanda en el año 2010 en el marco de la sanción de la Ley 30 del 16 junio.
De acuerdo con los querellantes, el ministro Mulino habría extralimitado y usurpado funciones al sancionar la Ley 30, trabajo que le correspondía según estos a la actual alcaldesa de la ciudad de Panamá y en ese entonces ministra de Gobierno, Roxana Méndez.
La querella manifiesta que en el año 2010 el Consejo de Gabinete autorizó a Mulino, cuando aún fungía como ministro de Gobierno y Justicia, a presentar el proyecto de la Ley 30 y que luego al pasar a dirigir el Ministerio de Seguridad y dejarse la cartera de Gobierno a cargo de Méndez, este sancionó dicha ley, junto con el presidente de la República.
En la querella también se denunció que la entonces ministra Roxana Méndez incurrió en omisión en el ejercicio de sus funciones por permitir que fuera el ministro de Seguridad quien sancionara la ley, a pesar de que esta habría sido presentada cuando Mulino se desempeñó a cargo del anterior Ministerio de Gobierno y Justicia.
Consideraciones
Según el fallo, el proceder del ministro Mulino al firmar la Ley 30 “no denota un proceder doloso” y tampoco se demostró que se trató de un proceder “caprichoso” o arbitrario ni contrario a sus funciones propias como ministro.
De acuerdo con el documento, tampoco se halló un proceder arbitrario y omisivo de las funciones por parte de Roxana Méndez cuando en ese momento estaba a cargo del Ministerio de Gobierno.
La decisión del fallo fue suscrita por los magistrados Harley Mitchell, Alejandro Moncada, Oydén Ortega, José Ayú Prado Canales, Víctor Benavides, Hernán De León, Harry Díaz, Jerónimo Mejía y Efrén Tello, quien es suplente de Luis Ramón Fábrega.
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