Dionicio Rodríguez: 'La administración de justicia está mal, peor que en ninguna otra época'

Con pleno conocimiento y sin tabúes, habló el presidencia del Colegio Nacional de Abogados (CNA)  Dionicio Rodríguez sobre la realidad del sistema de administración de justicia en Panamá. Rodríguez cuestionó la selectividad con que se aplican las leyes, así como la necesidad de una reforma constitucional que le devuelva la confiaza a los panameños en el sistema.

 

¿Cómo califica el país en materia de justicia?

 

Hemos sido uno de los principales críticos del  sistema.  Esta junta directiva tiene cinco meses. Desde que entramos y lo decíamos anteriormente, nuestro sistema de justicia es pésimo. Nuestra administración de justicia yace tirada y postrada en el suelo. Y yo creo que nosotros necesitamos verdaderamente  los  diferentes actores que participamos dentro de la administración, los abogados como auxiliares, participar en tratar de levantar esta administración de justicia. Las críticas tanto de Ejecutivo, como del Ministerio Público, inclusive de los propios jueces en cuanto al sistema son críticas reales, se lo podemos decir nosotros que hemos vividos durante mucho tiempo  del sistema como abogados litigantes. En ese sentido la administración de justicia está mal, peor que en ninguna otras épocas.

 

 

 

¿Se trata de un problema solo en el Sistema de Justicia o es un problema estructural de Estado?

 

Al hablar de justicia panameña hay que irno a las raíces. Es un problema estructural desde la propia Constitución. Si bien es cierto, tenemos los Órganos del Estado que deben trabajar independientemente y en colaboración, pero cuando nos vamos a ver nuestra propia Constitución los tiene tan ligado y dependiente el uno de otro. Uno de los elemento es el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que vienen siendo los superiores jerárquicos de toda nación en cuanto a la administración de justicia. Nosotros podemos decir que en la administración general de la justicia hay una realidad,  es la Cenicienta. Vemos a magistrados ir a la Asamblea a casi a mendigar presupuesto.  No tienen la estructura desde el punto de vista presupuestario para hacer frente a toda la problemática que hay, pero esto tampoco es excusas para otro temas donde la parte presupuestaria no entra ,que se pueda trabajar  como la parte ética y moral en los jueces. Seguimos siendo uno de los pocos países donde el presidente sigue nombrando magistrados.

 

¿Existe realmente una independencia en la justicia?

 

Tenemos que ser reales, no existe. Cómo hablamos de independencia si el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que ir a mendigar a la Asamblea Nacional presupuesto, que si bien es cierto que los aprueba la Asamblea, al final quien decide es el Ejecutivo. Por eso, en alguna oportunidad señalamos que la mejor injerencia que debe tener el Ejecutivo en el Órgano Judicial y única es en cuanto el presupuesto. Dotar a todo el  presupuesto necesario al Órgano Judicial para que pueda realizar todo sus programas establecidos.

 

 

 

¿Qué opina de la situación que se ha dado en torno a la selección de las nuevas magistradas de la Corte Suprema de Justicia?

 

La oposición ha sido total, quienes hemos estado en esto desde el principio, habíamos hecho una valoración objetiva en cuanto a la fiscal Zuleyka Moore,y se hizo un llamado al Órgano Ejecutivo, del porqué ella no podía ser magistrada y porqué  no podía serlo objetivamente, y en ese sentido vemos como el Presidente de la República no escuchó las voces de la Sociedad Civil, y de la ciudadanía, al nombrar a esta señora y de igual forma, a la abogada Ana Lucrecia Tovar  de Zarak. 

 

Está claro que tienen excelente currículum, pero para las especialidades de los que realizan al día de hoy. Es como querer construir una casa y que usted llame a un constructor que en su vida ha pegado un bloque. Nosotros necesitamos condiciones especiales para poder realizar esa restructuración y esa construcción de la justicia desde el punto de  vista de la Corte Suprema de Justicia y estas condiciones no se daban con ella, y es por eso que el Colegio Nacional de Abogados se opuso desde el principio. Ninguna de las dos cumple con el elemento esencial que deben tener: independencia, objetividad e imparcialidad que debe demostrarse desde que entra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.  

 

¿Cuenta la fiscal Zuleyka Moore y la abogada Ana Lucrecia Tovar de Zarak con la capacidad para llegar a la Corte Suprema?

 

Tienen toda la capacidad del mundo, la mejor preparación y los mejores currículums para las funciones que realizan al día de hoy, pero eso no las hace aptas en cuanto a la preparación integral que debe tener un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Un punto que se ha señalado es la falta de preparación procesal de la abogada Ana Lucrecia Tovar de Zarak. No tiene ningún tipo de preparación ni en rama penal ni en Sistema Penal Acusatorio.  La licenciada Moore, digamos según la calificación de ellos la mejor fiscal que tiene el Ministerio Público, sin embargo, la mejor fiscal que conoce esos caso, va a abandonar los casos como Odebrecht en el momento más importante donde hay que darle seguimiento, con la formación de ella que es totalmente inquisitiva.  Entonces, son estas las dos magistradas que van  sentar nuestra jurisprudencias por los próximo 10 años a abogados procesalistas, penalistas, civilistas que han tramitado toda su vida en una Corte. Existe una incongruencia de principios. 

 

¿Qué interés tendría el Ejecutivo en que Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar lleguen a la Corte Suprema de Justicia?

 

Algo raro hay, y lo único objetivo es la vinculación con el Ejecutivo directa. Es clara y real, y más lo demuestra el Presidente de la República al querer  mantener estos nombres cuando tiene la oportunidad de poner otros dos y que nosotros evaluemos, estemos o no de acuerdo. La ciudadanía analiza, y está observando todo el rechazo que se da en la Asamblea Nacional. Solamente han ido a hablar a favor de ellas personas vinculadas al Ejecutivo y funcionarios público. Bajo este concepto nosotros vemos el rechazo generalizado sobre las dos figuras, sin embargo, el Presidente se mantiene en querer presentar a estas dos señoras, incluso cambiando las estrategias. Yo diría que simple y llanamente no está tomando en cuenta los intereses del pueblo y eso denota un mayor tipo de interés y un mayor tipo de vinculación con las personas que está nombrando como magistradas. 

 

¿Qué ha pasado  con el Pacto de Estado por la Justicia?

 

El Pacto de Estado por la Justicia es un pacto muy técnico, pero tampoco podemos disgregarles ese elemento político que debe tener por los actores que tiene. Creo que debemos comenzar a utilizarlo más. Tanto el Presidente de la República como los futuros candidato deben mirarlo más como un instrumento importante que tiene mucha gente valiosa y donde ya se trabajó muchas de la problemática  de la administración de justicia.

 

Fue restructurado en el 2015 tras su ruptura. Muy mal vimos que el Colegio Nacional de Abogados salió del pacto y lo primero que hizo esta junta directiva fue regresar. Con la selección de los magistrado exigimos que el Pacto de Estado se manifestara en cuanto al hecho de que el Presidente de la República lo estaba dejando por fuera y obtuvimos un voto favorable de todo los miembros que participaron en esa reunión.  Desde que el Procurado de la Administración, que ha sido fuertemente criticado por ser objetivo, tomó la secretaría del Pacto ha comenzado a caminar, hay temas muy importantes en materia de administración de justicia que se han adelantado como la reforma  al Código Contencioso, al Código procesal Constitucional, y los jueces de paz.

 

¿Cómo ve la aplicación de justicia en casos de alto perfil en Panamá?

 

El problema es que la justicia debe ser para todos.  Nosotros no compartimos, no creemos en la detención preventiva, porque detener a una persona que no ha sido juzgada, ni condenada  constituye pre sentencia.  Como  especialista en el tema procesal penal y profesor por casi 15 años,  te puedo señalar que en la justicia se habla de ser selectiva  porque la aplicación de las medidas cautelares que al día de hoy tenemos, parece ser sobre un sector de las personas investigadas. En ese sentido, creemos que debe darse investigación integral donde se investigue  a todo el mundo con medidas preventivas más pecuniarias, no detenciones preventivas; realizar investigaciones que no violen el debido proceso, que cumplan con los derechos humanos y lograr luego en un juicio se determine la responsabilidad o la inocencia de una persona. 

 

La gente también tiene la percepción de que aquí no va a pasar nada, porque no existe la percepción de que se está investigando a todo el mundo, pero al final solo hay que dar una mirada a quiénes están detenidos, y esto objetivamente, para darnos cuenta que solamente hay un sector, exfuncionario o personas allegadas al pasado gobierno, bajo ese concepto consideramos que ha habido acusaciones contra personas de este gobierno pero no vemos que se ha dado la misma celeridad, la misma persecución desde el punto de vista de la acción penal por parte del Ministerio Público. Claro que hay selectiva.

 

 

 

¿Qué debe pasar para que la ciudadanía vuelva a confiar en el Sistema de Justicia panameño?

 

Primero que todo, la ciudadanía debe involucrarse más. Ahorita tenemos dos magistradas que el Colegio Nacional de Abogados ha dicho que no cumplen con el elemento de la independencia. Es la primer oportunidad que tenemos para que la administración de justicia pueda cambiar, desde el punto de vista que podamos meter dos magistrados independientes que no tengan ninguna vinculación  con nadie, y que en el momento oportuno vayan a dictar fallos con el cumplimiento del debido proceso, sin importar las vinculaciones o partidos políticos. 

 

Necesitamos un cambio de una constitución de forma integral. Esa separación de funciones debe ser real y bajo ese concepto, la Constitución debe establecer la separación inclusive presupuestaria de cada Órgano del Estado, que también vemos que esa vinculación muchas veces los amarra. Esa separación en cuanto al nombramiento de los funcionarios del país. Hay que quitarle poderes al presidente. Somos un país presidencialista. Tenemos magistrado y un contralor nombrado por el presidente. Los ministerios son estamentos totalmente político, cuando vemos que en muchos de los tema  debemos de tratar de buscar es capacidad. Sobre las elecciones, hay que darle mayor oportunidad a los independiente y no hablamos,  de aquella personas, que no cumplen los mínimos requisito. El pueblo panameño está cansado de la política tenemos un sector  que está detrás de lo que puede conseguir a través de la política, pero también hay un gran sector que busca una realidad diferente. Pero hasta el momento no ha habido ninguna señal seria de ninguno de los exgobierno en querer cambiar una Constituyente  y en ese sentido, quien al final venga a cumplir con esa promesa tendrá buen efecto en nuestro país.