El Minsa pondrá orden en cementerios y funerarias

Ante el desorden y la violación de las normas sanitarias en varios cementerios del interior del país, el Ministerio de Salud anunció que reforzará las medidas legales para evitar que esta situación se convierta en un problema de salud pública.

En cementerios del interior es evidente la falta de controles en la inhumación y exhumación de cadáveres, la construcción de camposantos en lugares no aptos por su topografía, la carencia casi total de mantenimiento, la inseguridad y la saturación de tumbas.

Las normas sanitarias son claras: no deben existir cementerios en áreas propensas a inundaciones, porque esto provoca la propagación de bacterias producidas por la putrefacción de los cuerpos. También prohíben que las labores de manejo y sepultura de cadáveres sean hechas por personas sin autorización y capacitación para esta tarea.

Panamá Américahizo un balance de la situación de los cementerios del interior y encontró que una buena cantidad colapsó por falta de espacio para más entierros, por el nulo o ineficiente mantenimiento y por el desorden administrativo que existe.

El caso más dramático es el del cementerio de Tonosí que está cerca del río del mismo nombre y que cuando se inunda anega todo el camposanto, arrastrando consigo bacterias, gusanos y otros despojos humanos que van a dar al cauce.

En este cementerio hay que colocarle piedras a los féretros para que no floten en caso de inundación. En otros camposantos se consumen drogas, practican actos sexuales, ritos satánicos y se utilizan como refugio de antisociales.

Existen también cementerios en lugares apartados en donde no hay sepultureros o personal de mantenimiento permanente.

Allí cualquiera puede ser sepulturero. En muchos casos son vecinos quienes colaboran a cambio de un pago voluntario o se trata de los familiares. En estos casos las normas sanitarias no se cumplen.

Fin al desorden

La Dirección Nacional de Salud Ambiental del Minsa reconoce que en los cementerios del interior hay “mucho descuido”. El inspector nacional, Santos Jorge Escobar, admitió que en los pueblos los sepultureros se buscan “por amistad” y esto es un riesgo, porque desconocen las normas exigidas sobre las dimensiones de las fosas, entre otras cosas.

También reconoció que existen muchos cementerios rurales que están ubicados en áreas inundables.

Frente a estas irregularidades, el Minsa creó una comisión para revisar el Decreto Ejecutivo No. 257 de 1988, sobre las normas técnicas para la ubicación, construcción, operación y condiciones sanitarias de los cementerios públicos y privados. La comisión, integrada por los administradores de cementerios municipales, propone que los sepultureros reciban capacitación y usen equipos de bioseguridad, así como que se respete la distancia mínima de profundidad de las fosas.Además, sugiere que ante casos de rituales de ocultismo la Policía pueda incursionar en los cementerios.

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Asimismo, se propone que la Policía solicite documentación especial a quienes trasladen un cadáver de una provincia a otra.

“La gente mueve el cuerpo de un lado a otro nada más con un permiso del municipio”, señaló. Añadió que se propone prohibir cualquier tipo de aplicación sobre el cadáver una vez sea entregado en la morgue, como acontece actualmente, que el conductor de la carroza inyecta formalina al cuerpo para preservarlo.

“El embalsamiento solo lo puede realizar una persona idónea, porque la jeringuilla usada se convierte en un desecho hospitalario peligroso”, dijo.

Precisó que hay casos en que el médico forense recomienda que el ataúd salga sellado de la morgue y que no se abra, “porque el cuerpo tiene una hepatitis altamente contagiosa”.

Otra de las inquietudes planteadas por los administradores de cementerios es sobre la servidumbre de cada sepultura, ya que la norma establece un espacio mínimo de 60 centímetros y estos sugieren que se reduzca a 40 para dar espacio a otras cinco sepulturas.

Informó que la comisión tiene pendiente reunirse con las funerarias, porque la nueva reglamentación les impactará, ya que se está prohibiendo que tengan un portafolio con registros de defunciones en blanco.

“Hay empresas que tienen contratado a un médico y eso se está prohibiendo, porque un documento oficial, según la ley, no puede ser manejado por alguien que no pertenezca a la organización”, sentenció.

Indicó que esa prohibición impactaría a las funerarias, “porque ellas cobran ese servicio adicional como trámites de papelería”.

Costumbres riesgosas

En Tonosí, la población parece haberse acostumbrado a que las crecidas del río inunden el cementerio. Kenia Zambrano, directora regional de Salud, aseguró que esto no ha producido problemas sanitarios.

“Cada vez que se dan inundaciones, el Departamento de Saneamiento Ambiental hace evaluaciones, fumiga y riega cal en las letrinas”, indicó. Recomendó al municipio que vigile que las bóvedas estén bien selladas para que ningún cadáver esté afuera y que las fosas sean cavadas lo más profundo posible.

El cementerio de Cativá, en Colón, es administrado por la junta comunal. Para los sepelios solo se exige pagar una cuota a la junta y contratar de manera privada al sepulturero y sus ayudantes por $25 cada uno.

Únicamente se necesita el certificado de defunción y la solicitud dirigida a la junta. Las autoridades no exigen mayores controles sanitarios a los sepultureros y tampoco llevaban un registro formal de las inhumaciones hasta hace poco.

En el cementerio de Puerto Pilón, en Colón, la junta comunal no cobra por los sepelios. Por ello, los deudos tienen que hacer la fosa o contratar a otras personas. Hasta hace poco, las autoridades llevaban el registro de los sepelios en cuadernos, sin ninguna organización.