Editora Panamá América S.A. (Epasa) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar contra el Estado panameño por el presunto intento de transgresión de la libertad de expresión.

La solicitud, que está suscrita por Ricardo Chanis en su calidad de representante legal del Grupo Epasa, se sustenta en que existe una amenaza real de cierre de los diarios, no hay condiciones para ejercer la defensa en los procesos que se han iniciado debido a la injerencia del Ejecutivo en el sistema judicial, además de que hay un proceso abierto por Tribunal Electoral, en tanto que en la Dirección General de Ingresos (DGI) se han impulsado alcances tributarios, entre otras acciones oficialistas.

Lo anterior, según la solicitud dirigida a la CIDH, responde a los intentos del gobierno de Juan Carlos Varela de abolir y causar el cierre de la casa editorial con el sostenido afán de callar, censurar y desprestigiar la voz de una línea editorial adversa a su fórmula y forma de gobernar.

La medida cautelar contra el Estado panameño pretende proteger a Epasa ante la amenaza oficialista que se ha sentido incómoda -entre otras cosas- por las denuncias que se han hecho sobre las medidas militaristas y de control de precios que ha puesto en práctica el Gobierno, las cuales son de corte "autoritario y no democráticas".

En la nota dirigida a Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, el presidente del Grupo Epasa deja sentado que los hechos objeto de la solicitud de medida cautelar no han sido denunciados ante autoridades competentes en Panamá porque vivimos sitiados en un sistema en el que el Órgano Ejecutivo presidido por el presidente de la República, tiene injerencia en los demás órganos del Estado.'

Claves

La pretensión del Gobierno pone en indefensión a más de 300 colaboradores del Grupo Epasa.

La medida cautelar contra el Estado panameño pretende protegerlos.

Mediante la DGI se ha intentado afectar económicamente a la empresa debido a su línea editorial.

Epasa ha presentado varios recursos de reconsideración en los casos relacionado con los alcances tributarios.

El propio presidente Varela aseguró que había procesos contra Epasa.

A pesar de la situación anterior, Epasa explica en su petición al organismo de la OEA que ha utilizado su medio como ventana para "exponer el asedio del cual somos presa por parte de los gobernantes de turno".

Entre los procesos que enfrenta Epasa está uno que abrió el Tribunal Electoral contra los diarios Panamá América y Crítica luego de que se publicaran "de forma noticiosa" algunos comentarios sobre una encuesta en la que se daba cuenta de la baja popularidad del presidente Juan Carlos Varela.

El fallo está en apelación y en caso de que fuera adverso, Epasa tendría de pagar entre $5,000 y $25 mil.

La solicitud de medida cautelar a la CIDH se realizó en junio de este año, y a petición de dicho organismo, se hizo una ampliación en la que se plasmaron aspectos puntuales sobre el porqué de la necesidad de la medida.

En el documento dirigido a la CIDH también se establece que los actos de persecución, a través de la DGI, han alcanzado a otras sociedades que prestan servicios o son parte del grupo económico vinculado a Epasa.