Una inspección ocular en los archivos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) fue practicada ayer por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, por la supuesta asignación irregular de 300 certificados de operación.
El fiscal Segundo Anticorrupción, Ramsés Barrera, explicó que la diligencia incluyó los archivos de la Dirección de la ATTT.
La Fiscalía intentaba ubicar las actas de Junta Directiva de la ATTT con las que se autorizaron la asignación de los permisos de operación.
También se buscaba establecer quién fue la persona que autorizó la emisión de los permisos y si para ello se realizó un estudio para establecer la necesidad de emitir los permisos de operación.
La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto tomar declaraciones a otros funcionarios vinculados con la asignación de los cupos y establecer los criterios usados para ello.
En este caso, se le tomó declaración jurada a la ex directora de la ATTT, Sandra Escorcia, quien aseguró que existía un acuerdo previo para cancelar los certificados de operación otorgados en el área Oeste, pero que el equipo de la Presidencia decidió cambiar el argumento.
Escorcia sostuvo que a raíz de esto se le solicitó la renuncia al cargo.
